Las causas generales

Desde las últimas elecciones autonómicas y municipales, con la presencia en las instituciones de nuevos partidos que nunca antes han tenido responsabilidades de gobierno, se está extendiendo la peligrosa moda de las causas generales, próximas al revisionismo histórico defendido por la izquierda, para presentar la historia a su antojo, pasar factura a los que les vencieron legítimamente en las urnas y descalificar los logros alcanzados por éstos en su gestión de gobierno. Para ello, se utiliza torticeramente el discurso de la transparencia y el necesario conocimiento que los ciudadanos deben tener de la gestión de los asuntos públicos y de sus dirigentes, pero sin especificar de quiénes, de qué y hasta dónde. En esta moda participan, con la euforia del converso, los nuevos partidos autodenominados centristas. No se sabe bien si por su candidez, por estrategia para desgastar a los adversarios políticos aparentemente más afines, o por una mezcla entre ambas, pero en todo caso buscando obtener un rédito político a corto plazo. A ella, por supuesto, se suman los socialistas en los sitios en los que no gobernaban, para intentar cambiar la realidad de las cosas que conocieron y controlaron desde la oposición durante esos años, en los que no lograron convencer y vencer en las urnas.

Pero lo más sorprendente es que a esta estrategia se hayan sumado también aquéllos contra los que se dirige esta causa general, acomplejados por este tramposo discurso de la transparencia de los recién llegados, que nunca han gestionado nada, los que apenas tienen el mínimo caso que les salpica salen, como un solo hombre, a justificarlo y a defenderlo, con los mismos argumentos que no admiten como válidos en el caso de aquéllos. El vehículo utilizado para canalizar y visualizar esta estrategia son las llamadas comisiones de investigación, previstas en nuestra Constitución y en las normas parlamentarias, dándoles un contenido y un alcance que se aleja del fin para el que se establecieron, amparado en una regulación poco precisa de las mismas y en la falta de una rigurosa práctica parlamentaria que sirva de precedente en su aplicación. La regulación de estas comisiones parte del artículo 76.1 de la Constitución española, donde se prevén para «cualquier asunto de interés público». Su desarrollo se contiene en el Reglamento del Congreso, cuyo artículo 51 establece que estas Comisiones no serán permanentes y se constituirán para un trabajo concreto. La poca jurisprudencia que hay al respecto señala que estas comisiones no pueden sustituir a las actuaciones judiciales, deslindando sus facultades de las del Poder Judicial, y añadiendo que, en caso de que haya actuaciones judiciales sobre ese asunto, las sesiones no serán públicas salvo que la Mesa entienda que ello sea indispensable, debiendo salvaguardar en todo caso el deslinde judicial anterior. El carácter extraordinario de estas comisiones se pone de manifiesto en el hecho de que desde el año 2004 no se haya constituido ninguna en el Congreso, siendo la última la formada para investigar los atentados del 11 de marzo.

Los parlamentos autonómicos han regulado también la creación de comisiones de investigación, tomando como referencia la normativa aprobada por las Cortes Generales, estableciendo, al igual que allí, que no son permanentes, y estándo previstas para investigar casos concretos de interés general.

Sobre esta base, los nuevos partidos, con el inestimable apoyo del PSOE – y la aquiescencia acomplejada del PP–, han constituido estas comisiones para investigar, no un hecho concreto, sino la presunta corrupción en general, sin concretar los casos ni los hechos a los que deba circunscribirse la investigación, pero fijando por el contrario, eso sí, los gobiernos a investigar y los plazos. Curiosamente, esos gobiernos a investigar siempre son del Partido Popular, pero no en todos los sitios, sino preferentemente en aquéllos en los que lleva mucho tiempo gobernado y se han convertido en referencia de su gestión en esos años.

Esta iniciativa se ha extendido recientemente al Ayuntamiento de Madrid, con el fin de investigar la gestión del PP 12 años atrás. El argumento es que se ha generado mucha deuda y hay que revisar todo para ver si se ha hecho bien, siendo ellos, por supuesto, los que se atribuyen la capacidad de valorar lo que está bien o está mal, según su criterio. Si esta fuera la verdadera causa, la pregunta es por qué no se hacen extensivas estas comisiones a todos los gobiernos anteriores en todos los sitios, incluyendo, por ejemplo, los largos períodos de gobierno socialista, en los que endeudaron hasta las cejas al país y nos metieron en una crisis brutal que estuvo a punto de llevarse por delante nuestra soberanía en la UE, o la ruina en la que dejaron las administraciones que gestionaron.

¿Cuál es el criterio para acotar un plazo y un Gobierno determinado, sino el querer utilizar esta comisión torticeramente para un fin para el que no está concebida, como es desgastar al adversario político, haciendo escarnio de un Gobierno y una etapa que ya pasó, y a la que algunos incluso hicieron oposición? La estrategia resulta aún más paradójica cuando se pretende utilizar estas comisiones para tratar asuntos que están siendo juzgados en los tribunales, o que incluso ya lo fueron, y para exigir responsabilidades políticas –pues no caben otras– a personas que han abandonado ya sus responsabilidades en ese ámbito.

Se ha criticado mucho por estos revisionistas que en el Ayuntamiento de Madrid el PP se haya opuesto a esta causa general, porque eso les desenmascara en su pretensión, que supone una subversión de las instituciones y los mecanismos de control político establecidos en un sistema democrático.

El control parlamentario, con toda su extensión y sus medios, está para ser ejercido respecto del Gobierno ejercitente, pero no de los pasados. Y no es ésta la única vía de control posible sobre ellos. También está el control de los órganos reguladores, de los órganos y tribunales de control económico, y siempre, los tribunales de justicia. Y por encima de todos ellos, está el control político definitivo de una acción de gobierno: las elecciones, en las que los ciudadanos, máximos jueces de la misma, deciden con su voto. Pretender a toro pasado usar las instituciones y los mecanismos de control de la acción del gobierno o de asuntos de interés público concretos y singulares que tengan especial incidencia política en esa gestión, es desvirtuar la democracia y esas instituciones para hacer causas generales contra los adversarios políticos. Si lo que se pretende es analizar cuestiones concretas hágase así, y funciónese conforme a lo que establece la norma sin retorcerla. Si se conoce que ha habido alguna actuación presuntamente delictiva en el pasado, póngase en conocimiento de aquella a quién corresponde perseguirla, que es la Justicia, a la que no puede suplantar, y désele todo lo que sea preciso para colaborar en su actuación. Pero no conviertan estas comisiones en tribunales de Inquisición para revisar lo que a ustedes les molestó de la gestión de los anteriores. Y si no están de acuerdo, cámbienla cuando los ciudadanos les otorguen la mayoría para hacerlo.

Pretender que haya tribunales de orden público al más viejo estilo es muy preocupante, y también esclarecedor de lo que se puede esperar de esta gente si algún día tiene el poder. El objetivo de los que impulsan esta estrategia es evidente. Bajo la pretendida defensa de la transparencia, lo que se busca con estas causas generales no es acabar con las presuntas manzanas podridas de un partido, sino con el partido mismo y lo que éste pueda representar en su conjunto, para construir una imagen del mismo que le impida volver a ganar nunca unas elecciones, que ha sido el objetivo que siempre ha tenido la izquierda en nuestro país.