Menosprecio de la justicia

La imagen de la justicia en España resiste a duras penas, y ello, gracias al denodado trabajo de muchas personas que se concitan en su administración, y no solo me refiero a jueces, sino a todos los que colaboran en su correcto ejercicio, fiscales, abogados, etc. La Comisión Europea publicó un cuadro de indicadores de la justicia europea que ofrece un análisis comparativo de los sistemas judiciales de los Estados miembros, en la que se valoran aspectos tales como la duración de los procedimientos o la percepción de independencia judicial. El estudio concluye que en su conjunto los sistemas judiciales de los países analizados son cada vez más eficaces; España se une a esta evolución y sale bastante bien parada en la mayoría de estos indicadores, por ejemplo, en temas como la accesibilidad a la justicia; por el contrario, la percepción sobre la independencia de la justicia es negativa, y según esta encuesta, se atribuye a la presión de los gobiernos y los políticos, seguida de los intereses económicos y, por último, aunque algo alejada de las otras dos causas, a que el estatus y la posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia. En sentido opuesto, los ciudadanos españoles creen que los jueces son imparciales, teniendo una alta confianza en los jueces considerados individualmente ¿Cómo se puede explicar este oxímoron? –una justicia poco independiente ejercida por jueces imparciales–, pues es muy sencillo, la mayoría de los jueces españoles somos rabiosamente independientes, y esto lo percibe el ciudadano, especialmente el que conoce el sistema; la apariencia de imparcialidad en general no la logran destruir ni empañar los que de forma denodada lo intentan. Mas la pretendida presión se ejerce desde fuera y desde dentro del sistema; desde fuera, ciertos medios de comunicación y algunas fuerzas políticas, cuando un juez no les resulta grato a sus posicionamientos ideológicos o a sus intereses, inician una maniobra de demolición de la imagen del juez en cuestión ante la opinión publica, generado una apariencia de perdida de imparcialidad, de tal suerte que sembrado este caldo de cultivo es fácil alegar que ese juez no ofrece condiciones objetivas de imparcialidad, y ello, porque así lo han predeterminado estos medios de comunicación; pero lo más grave se produce cuando es el propio sistema de justicia el que asume esta consecuencia a través de resoluciones gubernativas en expedientes de recusación debidamente orquestados. A esto se añade que como consecuencia del modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder judicial se dice que los nombramientos que efectúan no obedecen a criterios de mérito y capacidad, cuestionando y denigrando a los elegidos, eso sí, más a unos que a otros, llegando al paroxismo cuando esto lo hacen a su vez miembros de la carrera judicial. Ante tal escenario resulta milagroso que la sociedad española siga confiando en los jueces de forma individual, pero esto va a seguir siendo así, mal que le pese a algunos. El principal problema en España no son los sistemas de elección de altos cargos judiciales, que pueden mejorar, sino la falta de madurez y respeto democráticos para aceptar las reglas preestablecidas.