Montoro crea un equipo de control de los alcaldes

El pacto anti-PP está consumado. El acuerdo de los perdedores es ya un hecho, merced a la indignidad de un débil secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Es la opinión unánime de los ministros de Mariano Rajoy, reunidos el pasado viernes en el habitual Consejo en el palacio de La Moncloa. Por vez primera, antes de pasar a los temas del orden del día, se produjo un intenso debate político. No es para menos, dadas las adversas circunstancias.

Mariano Rajoy, según los presentes, está «preocupado pero tranquilo». Visto el panorama, el presidente ha ordenado que primen los principios constitucionales frente a veleidades regionales. «Ni Europa ni España están para bromas», aseguró Rajoy ante su equipo. El Gobierno de la Nación comienza a preparar la actuación institucional y legislativa ante los delirios de las fuerzas radicales. Todos coinciden en el diagnóstico: «Al PSOE, esto le pasará factura».

En opinión de varios ministros, fue un Consejo diferente a los demás. Mariano Rajoy era consciente del resultado, pero también le vieron muy seguro para afrontar las consecuencias. El presidente encargó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la coordinación legislativa de todos los recursos y acciones varias contra posibles incumplimientos de las corporaciones locales de izquierdas. Y, sobre todo, hizo hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Una ley orgánica aprobada en el Congreso en abril de 2012 en cumplimiento de la normativa europea de control de déficit público. Elaborada por el ministerio de Hacienda y defendida por su titular, Cristóbal Montoro, este pronunció una rotunda frase: «Presidente, está claro, la Ley de Estabilidad no se negocia y es irrenunciable».

Según fuentes Moncloa, el jefe del Gobierno ha encargado a Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro una vigilancia en dos áreas para frenar los acuerdos PSOE-Podemos, que Rajoy considera letales para el propio Pedro Sánchez. La vicepresidenta será la encargada de coordinar todos los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, tal como se ha hecho con las llamadas estructuras de estado catalanas. Montoro, por su parte, que mantiene muy buena relación con Santamaría, tiene la misión de controlar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad. Algo que, «Obliga a todos, porque los objetivos de déficit y deuda son compromisos del gobierno de España y las instituciones europeas», advierten en Hacienda. Un aviso tajante a los nuevos órganos locales, autonómicos y sus pretensiones.

El Gobierno está preparado para esta ofensiva de la izquierda radical. Los compromisos programáticos del PSOE con Podemos y sus fuerzas políticas adyacentes, tales como agencias tributarias propias, bancos públicos o nuevos modelos productivos. Con la ley en la mano, el gobierno puede impugnar medidas que amenacen el equilibrio presupuestario en las corporaciones, dado que la comunista Manuela Carmena o el valenciano Ximo Puig, ya han anunciado acuerdos en tal sentido. «El poder final lo tiene el BOE», afirma un veterano ministro buen conocedor de la Administración Pública. La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé intervenir claramente sobre el funcionamiento financiero de las autonomías y ayuntamientos incumplidores en el control del déficit. «Al gobierno no le va a temblar el pulso», aseguran en Moncloa.

Todos critican el horizonte que ha saltado por los aires el respeto a la lista más votada, «¿Por qué lo válido para Susana Díaz en Andalucía no lo es en otras partes de España?», se preguntan ministros y dirigentes del PP. Pero ante la cruda realidad, el Gobierno se prepara para empezar los litigios en cuanto los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas pongan en marcha medidas que vayan en contra de la ley orgánica correspondiente. También son conscientes de que habrán de salir al paso de posibles denuncias sobre invasión de competencias de la Administración central, una tarea jurídica importante que Rajoy ha encargado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Este arduo trabajo, de plena confianza del presidente, echa por tierra los rumores que apuntaban a una pérdida de poder de la número dos del Gobierno. «Su lealtad y capacidad de trabajo están fuera de dudas», dicen en su entorno.

Por otro lado, un grupo de expertos del ministerio de Hacienda, liderados por los secretarios de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, trabajan ya en una serie de pasos para intervenir en el funcionamiento financiero de las corporaciones rebeldes o incumplidoras. Hasta ahora, en lo que va de Legislatura, el gobierno nunca lo ha hecho, «Pero ahora nos tememos lo peor», advierten, ante las promesas de Podemos y otras fuerzas radicales ante las que ha sucumbido el PSOE. En este sentido, un ministro lo define bien: «Pedro Sánchez se ha dado el abrazo del oso». Naturalmente, el osezno es Pablo Iglesias, que le devorará por los pies sin mucho esfuerzo. Esta opinión es compartida por veteranos dirigentes socialistas, que ven con estupor el entreguismo de Sánchez. «Encima, a cambio de nada», se lamentan resignados.

En materia de invasión de competencias, el Ejecutivo tiene ya la ventaja de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional las llamadas «estructuras de estado» de Artur Mas desde La Generalitat, que reclamaban una Agencia Tributaria propia y la regulación de horarios comerciales. Algo que el TC ha tumbado por completo y que es un claro aviso a nuevos gobiernos como el de La Comunidad Valenciana, dónde el socialista Ximo Puig, todo un perdedor, gobernará con el apoyo de los radicales catalanistas de Compromís. «Sánchez se ha vendido por un plato de lentejas sin derecho a comedor. Ni Zapatero se habría atrevido a tanto», afirman en el PP, muy críticos con la actitud del actual secretario general del PSOE. Así las cosas, fuentes de Moncloa aseguran que Mariano Rajoy no tolerará «una sola indisciplina constitucional», y dejan en segundo plano los posibles cambios en el seno del Ejecutivo y el partido. «España no ha votado el comunismo y una izquierda antisistema», reiteran. Todo parece indicar que tras el viaje de mañana a Milán, para respaldar la presencia de España en la Expo Internacional, el presidente sí hará algunos retoques. Pero sólo él los tiene en mente. De momento, la maquinaria del Gobierno trabaja a toda mecha «con vocación de servicio» para frenar estos pactos anti-natura.

La recuperación económica y su hoja de ruta no varían. En el gobierno y en el PP opinan que se inicia un periodo complicado: «El fin de una etapa, pero también el fin del PSOE de Pedro Sánchez».