O referéndum, o referéndum

Los próximos meses van a ser claves para visualizar la capacidad de resistencia del «Estado español», puesto que el entramado separatista que dirige la administración catalana y las llamadas entidades de la sociedad civil (ANC, AMI, Ómnium Cultural) van a acelerar el conflicto institucional mediante la desobediencia a las leyes y paralelamente incrementarán la presión del mensaje soberanista entre la comunidad internacional, para acabar generando desconcierto sobre el Gobierno y conseguir que acabe cediendo a la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya, al estilo de Escocia. Tal y como ha expuesto el president Puigdemont, de lo que se trata es de realizar en septiembre un «Referéndum o referéndum», de respuesta binaria, clara y concisa, nada que ver con la alambicada del 9-N y sin posibilidad de diálogo. Enero del 2017 empezará con una costosa y entusiasta campaña de movilización popular que se alargará durante meses y enlazará con la aprobación de la legalidad jurídica catalana de desconexión de la legislación hispana a través de la aprobación de tres leyes que versan sobre la «hacienda pública», la «seguridad social» y especialmente la llamada de «transitoriedad jurídica» (de la legalidad española a la catalana). El proceso de desconexión tratará de construir un relato ilusionante y creíble, debatirá la aprobación de las nuevas estructuras de estado y mantendrá un pulso al Gobierno a través del desacato a las instituciones comunes y especialmente al TC. La actitud desafiante y altiva que mantienen los líderes separatistas busca tensar a la sociedad civil y provocar nuevas y masivas movilizaciones, con la indisimulada pretensión de que el Tribunal Jurídico Internacional se posicione al lado de la «legalidad catalana» rememorando el antecedente de Kosovo, en la que los jueces alegaron que la unilateralidad no era ningún problema y donde convinieron que la declaración separatista kosovar no atentaba contra la legalidad internacional.

Mientras Oriol Junqueras, la cara amable del «Govern català», dará inicio a las negociaciones con la vicepresidenta para pactar el llamado «principio de ordinalidad» a imagen de los Länder alemanes, según el cual quien más aporta más recibe y el que menos aporta menos recibe sin tener en cuenta los servicios básicos; el president Puigdemont convocará el referéndum, acortando al máximo los plazos obligatorios de consulta de censo y constitución de mesas electorales a semejanza del realizado por el Gobierno de Grecia sobre las medidas de la Troika, actuando con extrema pulcritud y siguiendo los consejos dictados por el «Código de buenas prácticas sobre referendos» que emitió la Comisión Europea. En ella se hace especial hincapié en que en dos posiciones confrontadas han de disponer de las mismas oportunidades, circunstancia que se prevé imposible dada la inversión multimillonaria que hará la Generalitat en la promoción de la ruptura. En los próximos meses la principal tarea de los constitucionalistas debe ser trabajar de manera inteligente y coordinada sobre la sociedad catalana mediante la articulación de una alternativa de Gobierno no independentista para la Generalitat, con el concurso de C’s, PSC y PPC, junto a una importante inversión económica, comunicativa y estratégica para construir un relato atractivo e ilusionante sobre las bondades de la unidad de España. El Gobierno español dialogará con la Generalitat, tiene la obligación constitucional de hacerlo, pero ha de saber que la respuesta será: «O referéndum o referéndum».