Paraísos fiscales

La comunidad internacional debe combatir la existencia de paraísos en los que se favorezca la corrupción internacional y la evasión de impuestos. Detrás de estos comportamientos se esconden muchas veces delitos más graves que ponen en peligro la convivencia internacional y que debilitan el futuro de los estados. La soberanía no puede amparar situaciones de este tipo ni garantizar la impunidad. Los estados tienen la obligación de cooperar para evitar el blanqueo de capitales y de perseguir la evasión fiscal. El perjuicio que se causa a los estados, y a su economía, justifica toda la cooperación en la lucha contra este blanqueo y contribuye a poner fin a la delincuencia organizada, que es la que habitualmente se oculta tras estos comportamientos. La evasión fiscal responde a múltiples razones y adopta numerosas formas pero es necesario que no existan estados ni territorios en los que se puedan realizar estas operaciones. El «asunto Falciani» ilustra muy bien las dificultades que existen cuando se pretende luchar contra la evasión fiscal. La Audiencia Nacional deberá decidir si se procede o no a su extradición a Suiza quien alega, con insistencia, que se ha violado el secreto bancario tan consagrado en el Estado helvético. Pero es verdad que Hervé Falciani ha colaborado no sólo con las autoridades españolas sino, también, con las autoridades de otros estados de la Unión Europea a la hora de identificar a quienes habían evadido impuestos. Es preciso que la colaboración internacional produzca sus frutos y que los estados puedan obtener toda la información a través de las informaciones que voluntariamente facilitan otros estados en el marco de la cooperación internacional. Debería ser normal la comunicación entre los estados en torno a los evasores. No se debe permitir ni que determinados estados o territorios se constituyan per se en paraísos fiscales ni que algunos estados acepten, de una u otra forma, la evasión de impuestos como algo normal en su funcionamiento interno. La Unión Europea debe realizar esfuerzos específicos en este campo y la constitución de un espacio económico común exige que ninguno de los estados que formen parte del mismo contribuya a favorecer la evasión fiscal. Está en juego el buen funcionamiento de las instituciones económicas europeas y, por ello, la política europea debe orientarse a identificar los paraísos fiscales y a no establecer marcos de colaboración con quienes los sustentan. Los efectos negativos de la evasión fiscal sobre la economía son evidentes pero, también, sobre el desarrollo normal de la democracia.