Cástor Díaz Barrado

Persecución

La Razón
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La creación de la Corte Penal Internacional ha supuesto un significativo avance para la justicia universal y otorga un papel cada vez más relevante al individuo en el orden internacional. La defensa y protección de los derechos humanos se constituyen en uno de los ejes centrales de las relaciones internacionales contemporáneas y, al mismo tiempo, se garantiza que quienes cometieron delitos especialmente graves sean juzgados conforme a los principios que inspiran el ordenamiento jurídico internacional. La orden provisional dictada por un juez de Pretoria de que el Presidente de Sudán, Omar al Bashir, no abandone el país, con independencia de lo que suceda a partir de ese momento, supone que los tribunales internos deben seguir las instrucciones marcadas por la Corte. Quienes estén acusados de crímenes contra la humanidad deben ser detenidos en cualquier lugar del planeta y, en este caso, entregados a la Corte Penal Internacional para que sean juzgados, con todas las garantías que proporciona la jurisdicción universal. Todo está por decidir y es posible, también, que el Presidente sudanés abandone Suráfrica y no se haga efectiva la orden dictada por la Corte Penal Internacional. En todo caso, suceda lo que suceda, la situación en la que se ve inmerso el presidente de Sudán hace pensar que algo está cambiando en la sociedad internacional y que, en ningún caso, se va a permitir que quienes cometen actos de tanta gravedad como lo que sucedió en Darfur en 2003 no respondan, de un modo u otro, de sus actos. Es verdad que la Corte Penal Internacional debe reflexionar y que no sólo se cometen actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en África y que, por lo tanto, deben perseguirse los actos de este tipo en cualquier lugar del planeta que se cometan. Pero quienes han sido acusados de cometerlos deben ser juzgados. Son delitos que no pueden quedar impunes y que, además, son imprescriptibles, con independencia del lugar del mundo en el que tengan lugar. Esta es la única forma que tiene la sociedad internacional de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y en el respeto de los principios de convivencia que rigen en la actualidad. La colaboración de los estados es imprescindible. Sólo el convencimiento de que los responsables de crímenes de este tipo deben dar cuentas ante la justicia universal o conforme a las normas de la justicia universal garantiza, en último término, la pervivencia de la sociedad internacional. No podemos volver atrás. La detención del presidente de Sudán es una nueva oportunidad para la justicia universal.