Sólo la verdad

Tras leer el magnífico ensayo de Antonio Muñoz Molina «Todo lo que era sólido», uno tiene la sensación de que en España, en los últimos diez años, han ocurrido muchas cosas, pareciera que el tiempo ha pasado muy deprisa y se han acumulado muchos acontecimientos. La visión crítica de lo político, social y económico que rezuma el libro puede ser compartida por cualquiera que de forma desapasionada se acerque a su lectura, pero a mí me surge una reflexión: ¿tan mal hemos hechos las cosas? y otra, ¿todos debemos sentirnos concernidos en la responsabilidad? En las aproximaciones históricas todo es muy relativo, y máxime cuando es tan reciente, pero se debe compartir con el autor que han sido muchos los errores cometidos. Al margen de valoraciones globales y analizando la historia más remota, surgen personajes de todo tipo, y se puede distinguir entre buenos y malos, entre excelentes y mediocres, se pueden deslindar responsabilidades, atribuir errores y también éxitos. Por eso no conviene caer en el desánimo general, y en el viejo atavismo de que somos diferentes, ni movernos en la indolencia y resignación que tantas veces nos han acompañado como país y como proyecto. Ni éramos tan buenos, ni somos tan malos. Es necesario aprender de los errores y superarlos, y la mejor forma es atribuir los grandes a sus autores, e identificarlos para así valorar la acción reformadora. En esta labor de distinguir y deslindar responsabilidades, hay una parte jurídica, y sobre todo de naturaleza penal, que debe ser resuelta lo antes posible, y hoy se puede hacer, y no como algunos pretendían o siguen pretendiendo, ochenta años después. En esta función cobra un papel protagónico el Poder Judicial, los jueces en suma y en primer lugar el juez de instrucción como escalón más básico, y junto a él, la Fiscalía. En este momento histórico, algunos pretenden comparar nuestra situación judicial actual con el proceso denominado en Italia «Manos limpias», proceso que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales, causando una gran conmoción en la opinión pública. Estamos en momentos y casos distintos y distantes; nuestra institucionalidad es mucho más fuerte que la italiana. A pesar de la profunda crisis en la que algunos han introducido a nuestras instituciones, no se puede ni comparar. Por eso las labores judiciales de investigación e instrucción, apoyadas por la Fiscalía y la Policía Judicial, deben ser modélicas, y sobre ayunas de cualquier motivo espurio mas allá de la búsqueda de la verdad material y la determinación de responsabilidades penales; los jueces no somos justicieros, tan sólo administramos justicia, que en la vieja definición de Ulpiano es dar a cada uno lo suyo, en suma lo que se merece. Por ello, los procesos judiciales no deben ser más que eso, procesos judiciales, no deben ser utilizados desde su seno como una suerte de taumaturgia en sí misma, como dinamizadores de cambios sociales o evoluciones cívicas. Estos procesos de cambio y catarsis le corresponden a la sociedad en su conjunto, y por contra, cuando alguien se cree que desde el proceso judicial puede convertirse en un transformador social, ni administra justicia, ni le presta favor alguno a la sociedad. No voy a valorar el modelo italiano, pero ahí está, sigue sufriendo un gran descrédito en lo político, no hay más que analizar las últimas elecciones, y los jueces han perdido el prestigio social ganado en el proceso de «manos limpias». La cuestión es analizar si en ese proceso no hubo algunos que confundieron sus cometidos. Los jueces estamos al servicio de la Ley, y nada más no estamos al servicio de ideologías, por más que se puedan profesar, no estamos al servicio de evoluciones sociales, no estamos al servicio de movimientos sociales, ni de campañas o de medios de comunicación. Al final, los papeles se acaban confundiendo y pervirtiendo, y eso acaba con la legitimidad que te da actuar al servicio de la máxima expresión del Estado de Derecho, la Ley. Todo está escrito, y por ello conviene releer la exposición de motivos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. En ella, el ministro Alonso Martínez señala que entre los problemas principales surge en primer lugar la tardanza, pero el problema más grave lo centra en la poca consideración del imputado en el proceso, y unos mecanismos que provocaban que los jueces no observaran las garantías de éste, provocando «que al compás que adelanta el sumario se va fabricando una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado, que entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado». No debemos olvidar que la instrucción está al servicio del enjuiciamiento.