Sus compatibles señorías

La ley electoral es taxativa al declarar que el mandato de los diputados es «incompatible con el desempeño ... de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediantes sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma», aunque exceptúa de tan severa situación las actividades docentes o de investigación de los profesores universitarios, la administración del patrimonio personal o familiar, y la producción literaria, científica, artística o técnica. Pero, por si acaso, deja que otras actividades privadas puedan ser autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados. Y este es un coladero por el que, en todas las legislaturas, unos cuantos diputados consiguen mantener puestos de trabajo retribuidos de lo más variopinto. La mayoría tienen que ver con bufetes de abogados y despachos profesionales de economistas e ingenieros, pero también están las tertulias en los medios de comunicación, los patronatos de fundaciones, la explotación de actividades industriales o la actuación en series de televisión e, incluso, la recogida de la aceituna.

El problema de las compatibilidades auto-bendecidas por los diputados está en que, en ocasiones, se han metido en el Congreso auténticos lobistas que no distinguen bien entre las tareas legislativas y los intereses de los grupos de presión para los que trabajan. Por eso, tal vez, en la última ocasión –la de hace poco más de una semana– el partido socialista ha decidido votar en contra de su concesión, toda vez que los otros grupos no han querido establecer controles al respecto. Un diputado del PP ha dicho que esto último sería «cuestionar la honorabilidad del Parlamento»; y una de Podemos ha indicado que así se puede permitir que los diputados tengan más sueldo. De que la segunda es más realista que el primero, no cabe duda; pero ya se ve que la derecha es más proclive hacia la retórica. Los que no han dicho nada son los de Ciudadanos, lo que sorprende porque este asunto encaja bien con su discurso sobre la regeneración de las instituciones. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo, pues resulta que Ciudadanos ha sido el partido más beneficiado por el dictamen aprobado esta vez en el Congreso. En concreto, el 28 por ciento de sus diputados cuentan con alguna compatibilidad, lo que sólo ocurre con el 15 por ciento de los del PP y el 12 por ciento de los de Podemos.

El caso es que algo huele a podrido en este asunto cuando nos encontramos con que el propio Congreso trata de ocultar la información sobre sus pormenores. De hecho, el dictamen de la Comisión del Diputado no está accesible en la web de las Cortes ni se ha publicado en el Boletín del Congreso. Ni siquiera en el pomposo portal de transparencia con el que cuenta la cámara legislativa. Ya se ve que los diputados quieren ocultar sus vergüenzas, pues indecorosa es la interpretación interesada que convierte el mandato de la ley electoral en agua de borrajas.