Toda la ley

Los acontecimientos de Cataluña, tal vez porque han sido la plasmación de una crónica largamente anunciada, aunque para muchos considerada inverosímil, han caído como un mazazo sobre la sociedad y la política españolas. Los que pensaban que los nacionalistas no llegarían tan lejos no tuvieron en cuenta que ya hace un año, con ocasión de la consulta secesionista celebrada entonces, Cataluña se había convertido de hecho en una entidad política independiente, insumisa al Estado. Aquel suceso quebró la unidad nacional al hacerse caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional de suspenderlo; y esa quiebra aún no ha sido restaurada por medio de la actuación de un Tribunal Superior de Justicia que, en tal asunto, ha sido más bien poco diligente.

Pero la historia no se escribe con deseos, sino con realidades y los lodos que vienen de aquellos polvos constituyen, sin duda, el mayor de cuantos ataques ha experimentado nuestro orden constitucional, de la mano de los nacionalistas, desde que la Carta Magna se aprobara en 1978. La separación anunciada por el Parlament no sólo es el embrión de una ruptura, sino la ruptura misma.

Debe reconocerse que la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy y de los partidos constitucionalistas ha sido impecable, tanto por la contundencia de su mensaje como por la mesura formal de las decisiones que hasta ahora se han ido tomando. Digo esto desde mi distanciamiento crítico con el presidente del Gobierno, del que he dejado constancia en varias ocasiones a lo largo del último año. «Toda la Ley» es, a mi modo de ver, la expresión que mejor sintetiza la firmeza del Estado porque detrás de ella no sólo está el muchas veces difuso recurso a la acción de la Justicia, sino también el despliegue de los poderes ejecutivos para prevenir y, en su caso, restablecer la quiebra de los derechos y libertades del conjunto de los españoles.

Es cierto que, de momento, tal demostración es poco más que el anuncio de la voluntad del Gobierno para intervenir directamente, si fuera necesario, en la gestión de los asuntos autonómicos catalanes. Y a ello se añaden las órdenes dadas por el fiscal Javier Zaragoza, desde la Audiencia Nacional, para que los servicios de seguridad estén atentos a cuantos delitos sediciosos o de rebelión pudieran producirse entre las personas no aforadas, principalmente los funcionarios, de Cataluña.

A todos nos gustaría que este esperpento de las ensoñaciones nacionalistas tuviera un final rápido. Sin embargo, creo que no puede esperarse semejante cosa. La confluencia en este asunto de la secesión y la revolución ha conducido a un punto de no retorno para las fuerzas independentistas. Y ya no tienen salvación fuera del proyecto que amenaza con devorarlos si no logran el éxito. España, seguramente, va a sufrir tensiones aún más inquietantes y graves que las que ya han tenido lugar, pues como país democrático no puede ni debe prescindir de su marco de libertades para hacer frente a este desafío que lleva el embrión de su destrucción. Con la ayuda de toda la Ley, preparémonos para ello.