Todos a una

No se trata de alentar o dar forma a un grito de guerra. Mucho menos de llamar al pueblo a que se tome la justicia por su mano. Porque la democracia nada tiene que ver con los tiempos pretéritos en los que el comendador abusaba de su poder y se ganaba el levantamiento del pueblo y la venganza, en un acto redentor.

Esto es otra cosa. Y es evidente que nada buena, porque los datos que revela hoy el macrosondeo de LA RAZÓN son demoledores, estremecedores y preclaros. Los españoles están hasta el copete de la corrupción; su estado de ánimo en relación con esta pestilente y venenosa plaga es innegociable, y su señalamiento a los partidos políticos –del primero al último– es implacable y no puede caer en saco roto: toca pactar a lo grande.

Lo que hace unos años podía ser un debate más y hace unos meses pasó a ser una necesidad, hoy es directamente una emergencia. Las organizaciones responsables de vertebrar la vida pública deben aplicar mano dura contra sus chorizos y agigantar sus esfuerzos en aras de la transparencia de sus cuentas, movimientos y acciones. O lo hacen o terminarán por destruir hasta la pura volatización la confianza ciudadana. Las reglas deben ser compartidas, nítidas, inflexibles y de dominio general.

Es hora de acabar con las medias tintas y los burladeros. Los españoles deben saber qué y por qué hace un partido lo que debería con quien está manchado por el tráfico de influencias o el soborno o la malversación o la prevaricación o el fraude o el nepotismo. Es la única manera de regenerar nuestra esperanza en la democracia, y de que sigamos creyendo en este sistema tal y como fue alumbrado por Lincoln en Gettysburg de forma inconteniblemente bella y salvajemente pura: el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo.