Veredicto para una infanta

Falta el juicio, incluso el procesamiento, pero tenemos veredicto. El de una opinión pública, más que soberana, absolutista. Zapatero supo ver lo que venía: «La verdad es la formación de una opinión mayoritaria». ¿Para qué entonces los tribunales? ¿Qué necesidad de la investigación paciente y minuciosa, fiel a los hechos probados, respetuosa con los derechos individuales e inmune a los prejuicios? No hay tiempo para estas minucias en esta sociedad del espectáculo que debe ser convenientemente alimentada. De forma inmediata. Y renovada cada día. Donde la imputación es estigma que se arrastra como condena y la pena de telediario, alcantarilla por la que se nos escapan las garantías constitucionales. Si la verdad se identifica con la mayoría, la pugna por imponer una interpretación de la realidad sustituye la labor de jueces y fiscales, y las encuestas posteriores se convierten en sentencia inapelable. Es la voz del pueblo. Arrogado de infalibilidad. A ver quién le lleva la contraria en esta estampida nihilista que, provocada por el descontento de la crisis, amenaza con arrasarlo todo. Cuando el juez Castro reconoce que los 14 indicios contra Doña Cristina «en sí mismos y aisladamente considerados, carecen de peso suficiente para sustentar la imputación», pero decide hacerlo para que la instrucción no se cierre «en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos», es fácil deducir que el magistrado no ha logrado zafarse de un clima social propenso al linchamiento. El juez Castro ha entrado en la historia sentando a un miembro de la Familia Real en el banquillo. La opinión pública aplaude. Si la hija del Rey no resulta siquiera procesada o, llegado el caso, declarada inocente, los que hoy celebran que la justicia funcione clamarán por su ausencia. Va a resultar que cuando pedimos justicia lo que queremos es sólo que nos den la razón. La tengamos o no.