El trípode

De Conde-Pumpido a Álvaro García Ortiz

Solo el Poder Judicial aparece no colonizado por tan progresista gobierno en la cúspide del Poder Ejecutivo, que tiene instalado en el Poder Legislativo del Congreso de los Diputados a una presidenta y un letrado mayor –anterior alto cargo socialista– a la orden de los intereses políticos de Sánchez.

Las palabras resultan insuficientes para poder describir con precisión hasta dónde ha llegado la corrupción política en España. Y de la mano de quien llegó a la Moncloa con una moción de censura para «asegurar la calidad de nuestra democracia». Y tras dos estrepitosas derrotas en las elecciones generales de 2015 y 2016, las primeras en tener que repetirse desde la primera legislatura constitucional, y que pretendía se celebraran por tercera vez, lo que su mismo partido impidió, cesándole en un ya histórico Comité Federal. Aquel PSOE, el de Rubalcaba, Felipe González, Alfonso Guerra etc., ya no existe, siendo sustituido por un «Partido Sanchista PS», que hizo a su imagen tras recuperar el mando de Ferraz.

Ya hemos escrito al respecto diversos Trípodes, pero pese a ello resulta necesario seguir haciéndolo no solo por su actualidad, sino sobre todo por su gravedad, dado que ahora si que está en riesgo la democracia en España con él al frente de la macedonia de siglas «progresistas» que con 84 diputados(…!) le llevó al gobierno. En el epicentro espacial y temporal de un terremoto no es donde se nota con mayor intensidad el nivel que alcanza el seísmo, y algo similar sucede con la política, donde una parte no menor de la sociedad directamente afectada por sus decisiones parece sumida en lo que es conocido como «el síndrome de la rana». Solo el Poder Judicial aparece no colonizado por tan progresista gobierno en la cúspide del Poder Ejecutivo, que tiene instalado en el Poder Legislativo del Congreso de los Diputados a una presidenta y un letrado mayor –anterior alto cargo socialista– a la orden de los intereses políticos de Sánchez. Actualmente, la situación de un Fiscal General del Estado imputado por el Tribunal Supremo es la gota que derrama el vaso de la degradación del sistema. ¿Con qué auctoritas y autoridad ética va a promover la fiscalía la acción de la justicia en defensa de la ley? Con un ministerio público, que es una institución jerarquizada y a la orden de un Fiscal General en esa situación, es impensable un respeto a su actuación profesional. Si añadimos a este escenario un Tribunal Constitucional presidido por otro ex fiscal general socialista, que afirmó que «las togas de los fiscales no eludirían el contacto con el polvo del camino», –tan brillante metáfora literaria, como patética para referirse a una institución que debe estar alejada del oportunismo político–, queda cerrado el preocupante círculo de la actual situación. Lo define y resume todo el que Puigdemont y Otegi ostenten mando en plaza en el gobierno de España. Una infamia absoluta. Despierta rana hispana.