La corrupción y el despilfarro de los fondos públicos

Un informe de la Comisión Europea reveló hace algún tiempo, que en España el 95% de los ciudadanos pensaba que la corrupción está muy extendida y el 10% consideraba que los Gobiernos hacen poco esfuerzo para combatir el problema.

La realidad es que es necesario comprobar la actuación económica de los que manejan los caudales públicos para evitar el despilfarro, una actuación que perjudica el patrimonio de todos y hay que tomar serias medidas. Podemos darnos cuenta de lo que supone construir en un pueblo de 5.000 habitantes un polideportivo para 20.000 personas, y se conocen y divulgan otros muchos supuestos.

La prodigalidad de la Administración Pública en el manejo de sus bienes y derechos generalmente se debe a una gestión desordenada. Nace de un planteamiento muy poco ético y hay que evitarlo con el máximo rigor. Se ha dicho equivocadamente que el dinero público no es de nadie. Por el contrario, es de todos.

Se tiene que enseñar a los niños a cuidar el patrimonio público, desde pequeños detalles como apagar la luz del aula cuando salen de la escuela. Proteger lo que es de todos los ciudadanos como si fuera el patrimonio privado, sentido social muy arraigado en las sociedades más avanzadas y no tanto en otras. El despilfarro se advierte nítidamente en algunos gastos de representación y de protocolo, muchos resultan suntuosos y carentes de fundamento, utilizar aviones para cortas distancias, comidas en restaurantes de lujo, gasto exagerado de vestuario, excesos que están sometidos a un control denominado «suave». Suele decirse que este despilfarro no resulta comparable con otros de envergadura, que es «el chocolate del loro» si bien produce indignación entre los ciudadanos y no solo es preciso ocuparse de grandes gastos, todo exceso tiene que ser objeto de control.

Sobre este tema se publicó una extraordinaria obra del eminente jurista Cubillo Rodríguez, Letrado del Tribunal de Cuentas, titulada «Aspectos jurídicos del despilfarro en la Gestión de los Fondos Públicos» en la que se analizan las diferentes formas con las que se «evaporan» los caudales que son de toda la ciudadanía. En él se cita una frase muy acertada del romano Marco Aurelio, que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos, que decía así: «No es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros, candelabros, estatuas y otros lujos parecidos. Es posible ceñirse al modo de la vida de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo». Sin duda no es aceptable gastar en ostentaciones inútiles que solo consiguen irritar.

Todos los gastos públicos tienen que someterse a un exigente control. No basta aportar la factura del restaurante, como mantiene el autor del libro, o de la sastrería sino que se especifique y concrete la necesidad de este gasto. El mencionado enfoque jurídico se ha plasmado en la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas que se ha pronunciado en sus resoluciones en materias como el uso de las tarjetas de crédito y la inoportunidad de regalos institucionales.

En fin, el despilfarro, como lo define la Real Academia Española, es un gasto «excesivo y superfluo» que se advierte cuando se desvían fondos para satisfacer intereses particulares, y se advierte en muchos casos en los que la realización de actividades de la Administración se ha encargado a servicios externos aunque se disponga de funcionarios propios bien preparados. También en los supuestos en los que una finalidad determinada se hubiera conseguido con menor cuantía económica o cuando se enajenan bienes a menor precio del tasado oficialmente.

El despilfarro puede estar presente, no solo en el gasto señalado, sino en toda la actividad financiera del Sector Público. Es preciso erradicar actividades que puedan suponer una salida de fondos innecesaria, cualquiera que sea su importe. Y en cuanto a la corrupción, permanecer en estricta vigilancia para impedir la fuga de cantidades destinadas a fines particulares o partidistas. Acaba de divulgarse una sentencia que condena a un cargo público por el pago de cantidades a un prostíbulo con el dinero de todos. No es un reproche moral, es la condena por el despilfarro de los caudales que son patrimonio de todos los ciudadanos.

Guadalupe Muñoz Álvarezes Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación