Aires de cambio en Cataluña

Los socios de Artur Mas, los republicanos asamblearios de ERC, intentan transmitir a la opinión pública la especie de que nada ha cambiado en la política catalana, pese a los recientes gestos de acercamiento entre la Generalitat y el Gobierno, que culminaron a principios de semana con una reunión «discreta» en el Palacio de La Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Los portavoces de Esquerra se muestran cautos, incluso circunspectos, a la hora de extraer conclusiones de lo ocurrido, pese a que su líder, Oriol Junqueras, se enteró de la entrevista unos minutos antes de que se diera a conocer a la Prensa. Lo cierto es que, cebados por la promesa de la consulta separatista, los dirigentes de ERC han decidido ponerse de perfil ante las evidentes señales de que el Gobierno catalán prepara un cambio de criterio en sus objetivos más inmediatos, hasta el punto de que han ofrecido apoyar los presupuestos de la Generalitat, por más restrictivos y ajustados que éstos sean, a cambio de que se señale una fecha y se redacte una pregunta para el referéndum separatista. Pareciera que ERC trata de forzar los tiempos ante el hecho, evidente, de que se está desinflando el «souflé soberanista» entre una población preocupada por las consecuencias de la crisis y que es consciente de que sólo desde la colaboración con el Estado se puede abordar la recuperación económica. Por supuesto, no sólo hay que dar la bienvenida al proceso de rectificación de la Generalitat, sino que se le debe prestar todo el apoyo posible desde el Gobierno y las instituciones. Si en Cataluña CiU mantiene negociaciones con los socialistas del PSC –con varias reuniones «discretas» entre Artur Mas y Pere Navarro–, también es evidente que se está produciendo un desbloqueo en las relaciones con el Ejecutivo, como demuestra el apoyo parlamentario de los convergentes a la unificación de los órganos reguladores, o las negociaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinar la acción exterior de las comunidades autónomas. En definitiva, otro tono y otro acento que alejan el horizonte de una ruptura institucional, que sería gravísima para los intereses de todos. Un cambio en el que no deja de traslucirse el trabajo callado y constante de la sociedad civil catalana, siempre enemiga de maximalismos. Por ello sería un error interpretar cualquier acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat en materia de flexibilización del déficit y lucha contra la crisis como si fuera una cesión ante un chantaje. La situación del algunas comunidades autónomas con especiales problemas estructurales y financieros, como puede ser el caso de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, exige medidas específicas que no tienen por qué suponer un trato de favor frente a otras autonomías, sino la constatación simple de los hechos.