Consenso debido frente al terror

La democracia española, con sus trágicas décadas de lucha contra el terrorismo etarra, aunque no sólo, ha sabido dotarse de los instrumentos legales y técnicos necesarios para hacer frente a la lacra sin constreñir los derechos y libertades de sus ciudadanos. Un delicado equilibrio entre seguridad y libertad que se ha resuelto a lo largo de los años con el consenso de los dos principales partidos nacionales, PP y PSOE, los únicos, junto a la extinta UCD, que han sido llamados a formar Gobierno desde la restauración democrática. Precisamente, algunas de las medidas que hubieron de adoptarse contra la banda etarra, en materia de control penitenciario de los terroristas presos o de legislación sobre organizaciones conexas, fueron ayer planteadas ante la Asamblea Nacional de Francia por el primer ministro galo, Manuel Valls, dentro de su paquete de iniciativas para la lucha contra el terrorismo islamista. Pero la evolución de este terrorismo yihadista, que adquiere, al mismo tiempo, un carácter difuso y global en el que es difícil determinar el origen de las amenazas, venía reclamando de las autoridades europeas la adopción de mecanismos de seguridad más eficaces. Sin embargo, una cierta pose legalista por parte de los partidos de la izquierda socialdemócrata y de la derecha liberal representados en Bruselas ha impedido la entrada en vigor de medidas de vigilancia y control que hace tiempo que se hallan activas en Estados Unidos, Canadá y Australia, por citar tres ejemplos de democracias consolidadas. Desafortunadamente, ha tenido que suceder una tragedia como la padecida por la ciudad de París para que se produzca la necesaria rectificación de posiciones. Así ha ocurrido en España, donde los portavoces del PSOE han pasado de declarar su radical negativa a negociar con el Gobierno nuevos instrumentos para la lucha antiterrorista a sentarse «sin condicionantes previos» con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá, para continuar con la política conjunta de Estado que ha sido la norma, y no la excepción, en esta materia. Fue Pedro Sánchez el que llamó por teléfono ayer al presidente Rajoy para aceptar el consenso. Entendió finalmente que se estaba ante un compromiso de Estado. Habrá que resolver diferencias menores para articular las medidas propuestas, que sólo en lo que se refiere al control y vigilancia de las redes sociales podría tener dificultades de encaje jurídico. No nos cabe duda de que los cambios planteados por el Gobierno iban a mantener un exquisito respeto a los derechos individuales y al ordenamiento constitucional, pero el hecho de que en su redacción participe el otro gran partido refuerza la posición de los demócratas frente al fanatismo. Lo que está en juego es la seguridad y la libertad de los ciudadanos, que nunca deben ser utilizadas como arma arrojadiza en la batalla electoral.