Cumplir el déficit es la prioridad

El esfuerzo de consolidación fiscal supone un deber que las administraciones públicas deben preservar en el presente y en el futuro. El objetivo final pactado con Bruselas es el horizonte ineludible. El Gobierno y las comunidades autónomas son conscientes de que la recuperación de la confianza y la credibilidad perdidas en el contexto internacional se ha debido fundamentalmente al rigor y al sacrificio en ese propósito, además de una agenda reformista intensa y ambiciosa. Lo cierto es que en este punto como en otros no podemos permitirnos dar pasos hacia atrás, ni tampoco darlos en falso, pues tan nociva sería una circunstancia como la otra. El debate sobre la flexibilización de los ritmos en el cumplimiento del déficit es sumamente sensible porque es preciso encontrar posiciones de equilibrio entre las autonomías más saneadas y las que se encuentran en mayores dificultades. Lo contrario, forzar situaciones imposibles con metas inalcanzables, sería tanto como abocar la economía nacional a tensiones inoportunas y turbulencias peligrosas en un escenario de especial vulnerabilidad como es un cuadro recesivo. La resistencia de las regiones cumplidoras es en algunos casos comprensible, pues entienden, no sin razón, que algún territorio como Cataluña, pudo y debió hacer más. Pero el resquemor y la cerrazón no ayudarán a alcanzar el propósito central por el camino más accesible y menos nocivo. Mariano Rajoy reunió ayer a los presidentes autonómicos del PP, algunos de ellos partidarios del denominado déficit a la carta pues les afecta de lleno, y les trasladó el compromiso del Ejecutivo de que el reparto del déficit se hará con criterios objetivos y económicos y no políticos y que no se perjudicará a las comunidades cumplidoras.Que todos refrendaran su respaldo a la disciplina fiscal, prometieran lealtad al Gobierno y expresaran su voluntad de alcanzar un acuerdo tolerable y provechoso de cara a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue un avance y a la vez un punto de partida para enfocar el problema en términos razonables y con altura de miras desde posiciones legítimamente divergentes. Todas las comunidades tienen sus razones para sostener con fundamento sus posiciones, y en el núcleo de todas ellas se sitúa un sistema de financiación confuso e incomprensible que no convence ni a los que contribuyen con saldo positivo ni a los que reciben más de lo que aportan. Pero, más allá de los motivos más o menos certeros, conviene tener presente lo que el país se juega en un terreno clave para la sostenibilidad, el saneamiento y el crédito de la economía. La solidaridad nacional, pero también el bien común, requiere una respuesta de carácter excepcional. El riesgo de no hacerlo es que el efecto contagio de los territorios rezagados agrave problemas que parecían encauzados.