Defensa o acusación

La imputación de una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía por la trama corrupta de los ERE está causando estragos en el equipo de Griñán y sus socios de gobierno. El nerviosismo y las tensiones van en aumento a medida que la juez Alaya, impávida ante la campaña de acoso y derribo organizada por el PSOE, tira del hilo que durante una década formó la mayor madeja de corrupción con dinero destinado a los parados. Prueba de ese nervosismo es el desencuentro registrado ayer en el seno de la Junta: su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró por la mañana que el Ejecutivo regional pagaría los gastos de defensa jurídica de los 22 ex altos cargos imputados. Y se amparó en que así está establecido en su Reglamento de Organización. Pero horas después, la propia Junta rectificó parcialmente a su portavoz diciendo que no estaba aún decidida esa medida de defensa, aunque tampoco estaba descartada totalmente. Pero es evidente que la Junta tiene un probema al haberse constituido en acusación popular en el procedimiento, lo que podría suponer un flagrante caso de incompatibilidad procesal. Para esquivar el atolladero no vale la salida tramposa que consiste en pagar las minutas de los abogados privados que contraten los imputados ya que no pueden utilizar a los letrados de la Junta. Por supuesto, no es de recibo. Confrontado al derecho de defensa de sus funcionarios, la única decisión ética es la de retirarse como acusación particular. Lo mismo reza para otras de las ocho acusaciones presentes en el asunto de los ERE, como la del sindicato socialista UGT, que figura en las actuaciones de la juez Alaya por presuntas irregularidades en la intermediación de los expedientes de regulación de empleo. Porque la posición imposible, ética y jurídicamente, en que se encontraba inmersa la Junta se ha agravado con la reciente imputación de su ex consejera de Hacienda y, luego, ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que fue quien «inventó» el sistema de fondos especiales objeto del procedimiento. Se agrava porque la decisión de la juez, obligada a administrar sus tiempos tras tener que superar obstáculos interpuestos a su investigación por los responsables del Gobierno andaluz, apunta directamente a la inevitable imputación del presidente de la Junta de Andalucía, dimisionario a plazo fijo. Como hoy publica LA RAZÓN, Griñán no sólo mantuvo el sistema ideado por Álvarez sino que, además, amplió las partidas presupuestarias y tomó las mismas decisiones que la ex consejera pese a las advertencias de la Intervención General. Ambas conductas se solapan en el tiempo y en el cargo puesto que Griñán sucedió a Álvarez en Hacienda, en 2004. El asunto de los ERE, y de otras corrupciones conexas, como las de Mercasevilla, con nuevas detenciones ayer mismo, sigue su curso inexorable que terminará por reducir a la Junta a su verdadera posición de acusada.