Desobediencia y democracia

Los llamados «grupos antisistema», que consideran la democracia parlamentaria como una institución opresiva que está al servicio de la burguesía y del capital, pueden cambiar de nombre, objetivos y tácticas, pero siempre responden al mismo esquema estratégico tan caro a la izquierda: la articulación de una «vanguardia revolucionaria» encargada de sacudir los cimientos del Estado burgués y mostrar el camino de la liberación al pueblo oprimido. Sin ese concepto de «minoría avanzada» que tienen de sí mismos, hace tiempo que los radicales se habrían extinguido en la melancolía que provoca un sistema que reúne once millones de votos en respaldo de una opción política donde ellos apenas juntan mil personas detrás de la pancarta. Ese desprecio a la soberanía popular libremente expresada, que se refleja en lemas como «no nos representan» o «nos gobiernan a través del miedo», adquiere todo su esplendor cuando son los partidos de centro derecha quienes ejercen legítimamente el poder y multiplica su efecto en periodos de crisis y dificultades como los actuales. Siempre ha sido así y no parece que vaya a cambiar: en los movimientos radicales de la izquierda, no existe el principio de contradicción, que les obligaría a preguntarse, entre otras muchas cosas, por qué el desahucio parece tolerable cuando gobiernan los socialistas, incluso con medidas para agilizar los lanzamientos en las viviendas alquiladas, y se convierte en un casus belli cuando se trata del Partido Popular. Aunque los movimientos antisistema están implantados en casi toda la Unión Europea, en el caso español se produce una anomalía que incrementa su peligrosidad: la tolerancia, cuando no complicidad, de la izquierda parlamentaria con unos modos antidemocráticos que no sólo desgastan al Gobierno de turno, sino que cuestionan los fundamentos del Estado de Derecho. De ahí que haya que advertir a los representantes de la izquierda parlamentaria española contra la tentación de practicar un doble juego político, ya que para el próximo 25 de abril está prevista una nueva movilización para asediar el Congreso que corre el riesgo de derivar en violencia callejera. Los manuales de guerrilla urbana intervenidos por la Policía, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, instruyen en la desobediencia civil y en la resistencia a las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de impedir la salida de los diputados del edificio de la Cámara o, en su defecto, de dificultar la gobernabilidad del país con múltiples acciones de protesta. En caso contrario, será preciso denunciar el habitual oportunismo político de la izquierda, exhibido estos días ad náuseam con el drama de los desahucios, ante lo que no es más que una agresión antidemocrática a la soberanía nacional.