Estados Unidos

Ejemplaridad pública

D espués de una semana sometido a duras acusaciones, Mariano Rajoy dejó un mensaje claro y contundente: no tiene constancia de que en el PP haya existido una financiación ilegal; reconoció que se equivocó confiando en el ex tesorero Luis Bárcenas, y no dimitirá ni convocará elecciones. «No me voy a declarar culpable porque no lo soy», dijo, por más que Alfredo Pérez Rubalcaba insistiera una y otra vez, hasta convertir sus dos intervenciones en un exordio monocorde con el único objetivo de acabar con la carrera política del jefe del Ejecutivo. Finalmente, emplazó al líder de la oposición –al que acusó de irresponsable por anteponer su desbocado interés en desalojarle de La Moncloa a los del país– a presentar la moción de censura con la que le amenaza. Al fin y al cabo, a él también le gustaría conocer su programa político... La sesión fue tensa, como no podía ser de otra manera, pero también luminosa –algo tuvo que ver en ello la luz clara del Senado, donde se celebró la sesión por reformas en el Congreso–, porque dibujó a la perfección el papel que el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE están jugando en estos momentos en la escena política española. Pero vayamos por partes.

Es cierto, y así lo reconoció Rajoy con coraje y honestidad, que se había equivocado al confiar en el ex tesorero, personaje que a la postre se ha convertido en el peor enemigo del PP y en el mejor aliado de la oposición, cuya argumentación parlamentaria siguió sin escrúpulos el guión de la defensa empleada por el propio Bárcenas. Pero si la intención de Pérez Rubalcaba era conseguir la inculpación de Rajoy, no lo consiguió, porque bastaba echar mano de una norma básica del Estado de Derecho: es el acusador el que debe demostrar la culpabilidad y no el acusado su inocencia –porque esta garantía se presupone– y Rubalcaba no presentó ni una sola prueba y sólo se limitó a participar con metódica inquina en lo que el presidente definió como «círculo de calumnias». Acusar a Rajoy de paralizar la acción de gobierno por ser dependiente del «caso Bárcenas» es preocupante si lo dice el líder de la oposición porque el Gobierno ha llevado a cabo una activa política reformista que, como Rubalcaba recordará, ha sido objeto de las constantes críticas de su partido. Sólo por este motivo entendería Rajoy, como así manifestó, que le pidieran responsabilidades políticas por las medidas económicas tomadas por su Gobierno, y no por unos hechos que sólo el juez puede determinar su veracidad.

Insistir, como hizo Pérez Rubalcaba, en que Rajoy se ha convertido en el verdadero problema de la credibilidad de España en los mercados es sólo un ejercicio propagandístico porque, mientras se desarrollaba el debate, la prima de riesgo española se reducía por las compras realizadas con el apoyo de los bancos centrales de Estados Unidos y la zona euro. Y el Tesoro Público español ha captado hoy 3.218 millones de euros en bonos a tres y cinco años, muy por encima del objetivo máximo previsto para la emisión. Rajoy sólo adelantó un dato económico en su intervención: que en los últimos cinco meses ha habido una bajada del paro de 340.000 personas y que el desempleo se ha reducido en el mes de julio en más de 60.000. Sin ahondar demasiado en estos datos económicos –tal vez por no querer devaluar en la pelea política partidista unos resultados alentadores–, el presidente del Gobierno pidió responsabilidad a la oposición y que no haga un uso desleal del «caso Bárcenas» en un momento en que la situación «todavía es demasiado delicada como para jugar con ella», señaló.

Capítulo aparte es el papel específico de Pérez Rubalcaba y su insistencia en presentar una moción de censura. Rajoy fue claro. Las prerrogativas constitucionales no sirven para amenazar: se utilizan o no se utilizan; que la presente si así lo considera, pero no es admisible alentar la sospecha de inestabilidad en un momento en el que la perspectiva de salir de la recesión es cada más real. El «caso Bárcenas» ha sido un lastre indeseable para el PP, pero Pérez Rubalcaba sabe que ni en los momentos más difíciles de su adversario su partido saca rédito político. Esto explica muchas cosas de lo que sucedió ayer. Posiblemente las relaciones del Gobierno y el PSOE cambien a raíz de este debate, a pesar de que Rajoy le pidió colaboración para poner en marcha medidas concretas que regulen la actividad y la financiación de los partidos políticos. Ayer fue un día importante para la vida política española: por primera vez, un presidente del Gobierno reconoce haber cometido un error. Eso le honra como político.