El clan Maduro, al descubierto

La Razón
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La información en exclusiva publicada ayer por LA RAZÓN en la que se revelaba el alto tren de vida en Madrid de dos hijastros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras la mayoría de sus conciudadanos apenas consigue sobrevivir en medio de la miseria, no sólo ha supuesto un aldabonazo para la conciencia pública internacional, con múltiples reacciones de indignación a ambos lados del Atlántico, sino que ha desenmascarado el verdadero rostro de un régimen, convertido en una cleptocracia al servicio de sus dirigentes. Los hermanos Walter y Yoswal Gaviria Flores, que se han gastado en un viaje de lujo en la capital de España el equivalente a 2.000 salarios mínimos venezolanos, son el arquetipo de la nueva clase acomodada del país, los llamados «boliburgueses», que han hecho sus fortunas a la sombra del poder político y de una economía estatalizada, donde la capacidad de traficar con los diversos tipos de cambio del dólar ha enriquecido a la «nomenklatura» chavista y, por supuesto, ha destruido las bases productivas de Venezuela. Porque sólo desde la ineficacia del modelo económico socialista, mil veces fracasado, no se entiende la caída en el abismo de una de las naciones más ricas de América. El otro factor que lo explica es la corrupción generalizada de la nueva clase dirigente del país. De gentes como los cuarenta familiares que integran el «clan de los Flores», en referencia a la esposa de Nicolás Maduro, a los que la «primera combatiente» colocó en puestos oficiales, en uno de los ejercicios de nepotismo más clamorosos de los que hay noticia. Del mismo modo, las distintas facciones del chavismo, encabezadas por Maduro y por Diosdado Cabello, actual vicepresidente del partido socialista bolivariano, se han repartido la dirección de las principales empresas públicas o nacionalizadas, en especial la gran industria nacional petrolera, y han cooptado al alto mando militar con la concesión a los generales del Ejército de los principales ministerios económicos, incluidos los que controlan las vitales importaciones de productos básicos y de repuestos y suministros. Esta es la «revolución» que defiende a toda costa el Gobierno de Nicolás Maduro y su cohorte de «boliburgueses», conscientes de que unas elecciones libres les arrojarían del poder y les obligarían a responder ante una Justicia independiente del latrocinio cometido con las riquezas del país. Así, incapaces de competir en las urnas tras la abrumadora derrota sufrida en las últimas elecciones parlamentarias, los chavistas han buscado la salida previsible: anular la democracia representativa y el voto universal, transformando el sistema político de Venezuela en un remedo de Estado corporativo – «democracia orgánica»– mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Un camino que conduce indefectiblemente hacia el modelo castrista y contra el que se ha levantado la población en un esfuerzo desesperado por defender las libertades públicas. Ante la propia supervivencia de unas gentes enriquecidas por la corrupción, el régimen chavista no tiene freno en la represión ni en las amenazas. El cierre de campaña de la Constituyente, presidido por Nicolás Maduro, dio ayer la medida de lo que les espera a los venezolanos: su presidente amenazó con echar a la calle a los funcionarios que no fueran a votar este próximo domingo, con retirar las bolsas de comida a los beneficiarios de la asistencia social y con desalojar de sus viviendas públicas a los más desfavorecidos. Todos están fichados y saben que el Gobierno cruzará sus datos con el censo de votantes. El régimen socialista bolivariano está podrido y la única solución es que Maduro y su secuaces sean desalojado del poder.