El Constitucional debe imponer la ley al separatismo catalán

La decisión del Gobierno en funciones de presentar en el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia en el que, entre otras cuestiones, solicita a ese órgano la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlamento autónomo de Cataluña, Carme Forcadell, se ajusta con exactitud a la obligación del Ejecutivo de defender el ordenamiento constitucional, garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles y hacer cumplir las leyes. No se trata, como alega la presidenta Forcadell, en una confusión de conceptos ciertamente clamorosa, de que nadie renuncie a sus ideas, sino de que todos los ciudadanos respeten la Ley y a los tribunales de Justicia, que son mandatos indeclinables en los que se asienta nuestro sistema de libertades. Incluso aceptando la aseveración, no siempre cierta, de que todas las ideas son respetables, éstas nunca pueden estar por encima de la Ley, mucho menos si conculcan nuestra Carta Magna y atentan contra dos de sus principios esenciales como son la indivisibilidad de la nación y que la soberanía reside en el conjunto de los españoles y no en una parte. Es más, las instituciones catalanas se legitiman en los mismos fundamentos constitucionales que los separatistas pretenden dinamitar. No hay, pues, en la decisión del Gobierno otra cosa que la necesidad de hacer respetar la Ley a quienes no sólo la incumplen, sino que blasonan de ello. Sin duda, la arrogancia de los representantes de los partidos independentistas catalanes y el desprecio, ya no sólo verbal, a las normas democráticas que exhibe el Gobierno de la Generalitat son actos provocadores que llevan a una parte de los ciudadanos a exigir mayor contundencia al Gobierno, mediante la aplicación de medidas coactivas enérgicas, que, sin embargo, no proceden en este momento procesal. Ni la provocación ni las amenazas pueden enturbiar el buen criterio político con el que se ha de abordar el problema. En primer lugar, porque se corre el riesgo de perjudicar los derechos sociales y políticos que amparan a los catalanes, igual que al resto de los ciudadanos españoles. En segundo lugar, porque la Ley tiene sus tiempos y debe ser aplicada con mesura y proporcionalidad. Por utilizar una frase de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, siempre dentro de las garantías de nuestro Estado de Derecho, pero con toda la contundencia legal que concede ese mismo Estado de Derecho. En este sentido, la gradación de las medidas judiciales que se reclaman al Tribunal Constitucional reflejan ese compromiso, siempre difícil de alcanzar, entre prudencia y rigor. De ahí que se solicite la apertura de la vía penal sólo para la presidenta del Parlamento de Cataluña, por un supuesto delito de desobediencia a las resoluciones judiciales, mientras se requiere a los demás implicados, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno de la Generalitat, para que se abstengan de cualquier actuación que incumpla las resoluciones expresas del TC. Así, la eventual contumacia de los apercibidos determinará los siguientes escalones del procedimiento. En definitiva, toca ahora a los jueces del Alto Tribunal, a quienes el Gobierno del PP ha dotado de los suficientes instrumentos jurisdiccionales en la última reforma, reparar el orden jurídico conculcado por las instituciones catalanas, y toca a los partidos políticos constitucionales cerrar filas en defensa de la democracia española.