El constitucionalismo debe seguir avanzando en Cataluña

El pasado 27 de octubre, Mariano Rajoy anunciaba la aplicación del artículo 155 mediante el cual el Gobierno intervenía la Generalitat y destituía al presidente, vicepresidente y consejeros y, en función de estas atribuciones, convocaba elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Esta decisión estuvo desencadenada por la declaración de independencia –vestida ahora como una mera «declaración política»– anunciada en el Parlament, lo que cerraba la posibilidad de que fuese el propio Carles Puigdemont quien convocase los comicios. No lo hizo y prefirió dar el último paso para situar a Cataluña en la ilegalidad y concluir, aunque muy chapuceramente, el golpe de Estado. Todos los partidos independentistas contarán estos sucesos como el ataque a Cataluña desde la pérfida España, y con este victimismo básico habrán construido lo que llaman el «relato», que, a su vez, se acabará convirtiendo en el programa de estas próximas elecciones. En definitiva, los partidos que encabezaron el «proceso» no tienen nada nuevo que proponer, sólo más «proceso», aunque se reconozca su inviabilidad, fracaso y el desastre social y económico que ha supuesto para Cataluña. Ha sido la sociedad catalana la que se ha apercibido de la ruina independentista y la que ha ensanchado el espacio electoral más allá de las lindes impuestas por el nacionalismo. Hubo signos evidentes de que los partidarios de mantener una Cataluña unida a España eran más de los que TV3 vende cuando salieron a la calle en las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre, pero lo destacable ahora es que esa reacción ante el independentismo se plasme en votos. Esta evolución hacia una mayoría parlamentaria la confirma un sondeo de NC Report que publicamos hoy. Se constata el crecimiento del constitucionalismo, representado por Cs, PSC y PP, que sube respecto a las elecciones de 2015 5,8 puntos, del 39,1% de los votos al 44,9%. Las formaciones independentistas han bajado 4,4 puntos y han pasado del 47,8% al 43,4%. Se confirma que el constitucionalismo, como en la legistatura pasada, gana en votos al independentismo, aunque este disponga de más escaños (66) frente a los 59 de los no independentistas. Este hecho evidencia la utilidad del sistema electoral catalán –que no tiene una ley propia– favorece al voto del interior más nacionalista. Con estos resultados, el escenario político que se plantea hace muy difícil un gobierno estable, en uno u otro sentido, y dependería de CEC-Podemos, formación que, aunque no se declara partidaria de la estrategia de declaración unilateral de independencia, en ella actúan sensibilidades más cercanas al nacionalismo. Se confirma el retroceso de la formación de Colau e Iglesias, que pagan su indefinición calculada ante el mayor reto político al que se ha enfrentado España en las últimas décadas. En todo caso, nunca apoyarían un gobierno de Cs, PSC y PP y entregar su voto a los independentistas les convertiría en un aliado necesario. Lo fundamental es que el descenso de los nacionalistas es constante desde 2015 y que carecen de un discurso que renueve a una sociedad catalana hastiada, fracturada y que ve impotente cómo se desangra económicamente. Descartado que el PSC quisiera reeditar un nuevo tripartito con ERC y CEC-Podemos, sólo cabe que el constitucionalismo mejore sus posiciones y lo haga desde la moderación y el realismo: si Arrimadas no puede formar gobierno, deberá hacerlo el partido constitucionalista que consiga más apoyos.