El deber de investigar los «papeles de Panamá»

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Las autoridades españolas reaccionaron ayer con la celeridad y el rigor necesarios después de que se hicieran públicos los «Papeles de Panamá» y esa extensa nómina de ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos españoles, que habrían abierto cuentas en paraísos fiscales a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria anunciaron sendas investigaciones para determinar si podrían derivarse delitos de blanqueo de capitales o de fraude fiscal. La dimensión penal de estas actividades está por determinarse y conviene ser cautos sin olvidar que tener una sociedad en un Estado extranjero no es un delito, siempre que esté regularizada. Pero, obviamente, la situación exige una actuación fiscalizadora a fondo por si ese entramado opaco se aprovechó para delinquir. Hay quien, sin embargo, se apresuró ayer a juzgar y sentenciar, fiel a su afición a la justicia sumarísima siempre que entienda que sirve a sus intereses, en este caso, políticos. Por supuesto, el PSOE y el resto de la izquierda señalaron al Gobierno y a la amnistía fiscal y exigieron la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso. El objetivo no es otro que identificar al PP como el socorrista de los evasores y no como un gobierno con resultados de récord en la lucha contra el fraude fiscal.