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El Estado no debe mostrar debilidad

La proclamación de la candidatura de Carles Puigdemont para presidir la Generalitat de Cataluña –que fue publicada oficialmemente el pasado día 23 del mes en curso– y la convocatoria de la sesión de investidura para el próximo día 30 por parte del presidente de la Cámara autonómica catalana, Roger Torrent, supone la continuación del desafío golpista al Estado por parte de los partidos separatistas. Una reedición de la estrategia de hechos consumados, como ya vimos con la ignominiosa e ilegítima declaración de independencia. Ayer, el Gobierno, en una cambio de criterio que suponemos aconsejado por la sospechada evolución de los acontecimientos, pero que debería ser explicado, decidió recurrir al artículo 161.2 de la Constitución para impugnar ante el Tribunal de Garantías la candidatura de Carles Puigdemont, lo que supondría la suspensión cautelar de la sesión de investidura, medida con la que el Consejo de Estado se mostró en desacuerdo por entender que no se daba el momento procesal oportuno. No es posible ocultar que el dictamen del CE, que no es vinculante, supone un contratiempo no menor para la actuación del Ejecutivo, pues aunque no discute el fondo de la cuestión, en el que coinciden, sólo la discrepancia sobre el momento de aplicación, será utilizada –ya lo está siendo– por los secesionistas para seguir atizando la ceremonia de la confusión y dar pábulo a las peregrinas teorías victimistas. Sin duda, desde el Gobierno se podría haber pulsado otras opiniones, para no dar una muestra de desacuerdo en el seno de las Instituciones del Estado, que, al mismo tiempo, traslada al Tribunal Constitucional la incomodidad de tener que actuar sin el aval del más alto órgano consultivo. Pero si la decisión se mantiene, con todas las prevenciones de una actuación que nace con polémica innecesaria, será exclusivamente porque la actitud del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, había dejado pocas opciones a un Gobierno, obligado a hacer que se cumplan las normas con todos los instrumentos legales a su alcance, y el recurso anunciado es uno de ellos. Se podrá argüir sobre la idoneidad del procedimiento jurídico escogido, pero desde cualquier punto de vista que se escoja, y en primer lugar debería figurar el de mero sentido común, es esencial impedir que se repita el espectáculo de unos representantes públicos que ignoran deliberadamente el ordenamiento legal y vuelven al desafío al Estado, que, tras lo sucedido en Cataluña el pasado otoño, no puede dar muestra alguna de debilidad. Ni las instituciones catalanas deben caer de nuevo en el oprobio ni los ciudadanos deben sufrir otra vez el penoso espectáculo de irracionalidad y de la deslealtad que llevó a tener que aplicar el artículo 155, que, no lo olvidemos, sigue en vigor, al menos, hasta que se forme Gobierno en Cataluña. Con una última consideración: ya no hay excusas para no admitir las consecuencias, tanto jurídicas como personales, que comportan los propios actos. Sabe Carles Puigdemont, aunque parezca no asimilarlo, que se encuentra prófugo de la Justicia, bajo graves acusaciones de rebelión y desobediencia, en unas circunstancias que le impiden actuar en política y mucho menos ejercer la presidencia de la Generalitat. Y, también, lo sabe el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en cuyas manos se encontraba reconducir la situación y devolver la estabilidad y la tranquilidad social a Cataluña, pero que ha elegido, como su antecesora, probar la melancolía de las oportunidades perdidas. Una vez más, Cataluña se aboca a la parálisis institucional y a prolongar una situación de interinidad que lastra el desarrollo económico y social de sus ciudadanos.

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