El primer deber del Gobierno

Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2012 han constatado que la destrucción de empleo no ha tocado fondo, aunque sea cierto que no se ha desmarcado de las previsiones del Gobierno. Los datos son contundentes: el número de parados llegó a 5.965.400, las personas sin trabajo aumentaron en 691.700, la tasa de desempleo alcanzó el 26,02 %, el nivel de paro juvenil escaló al 55,1% y los hogares con todos sus miembros en paro superaron los 1,8 millones. La gravedad de la situación no se puede relativizar y el Gobierno hace bien en no repetir los errores de otros y no intentarlo siquiera. Las causas son múltiples y profundas. El saldo de la crisis ha sido de 4.154.700 parados más desde 2007. Para ello concurrieron más de cuatro años de extrema adversidad, tres de ellos con un fracaso económico sin paliativos del PSOE, un modelo de crecimiento nada dinámico que actuó como freno de la actividad y del consumo, un mercado laboral perpetuado por los socialistas de una rigidez paralizante, que ofreció como única respuesta la destrucción de puestos de trabajo; un sector público desorbitado y un desempleo estructural voluminoso. El desenlace no podía ser otro. Es importante, sin embargo, ponderar síntomas que refrendan las reformas gubernamentales. Además de que las políticas de estímulo y apoyo a los autónomos se han traducido en un aumento de 53.000 en 2012, la ralentización de la destrucción de puestos de trabajo ha sido un hecho tras la reforma laboral. En los últimos tres meses de 2012 se registraron cien mil parados menos que en el mismo periodo del año anterior. El tremendismo demagógico del PSOE contra la acción del Gobierno ha intentado desviar la atención sobre su responsabilidad en el drama del paro y sobre el hecho de que el Gobierno socialista vicepresidido por Rubalcaba, con la complicidad sindical, generó 3,5 millones de parados y desfondó las arcas públicas. El Ministerio de Economía mantuvo ayer su previsión de creación de empleo «a finales de año o principios de 2014», un pronóstico realista, pero no sencillo. Con el ajuste del sector privado casi concluido, el empleo público de un país con más de tres millones de funcionarios y trabajadores está inmerso en un inevitable proceso de racionalización que, por ejemplo, ha derivado en que descendiera el pasado año por primera vez desde el comienzo de la crisis. El Gobierno ha sentado las bases de la recuperación desde las reformas y el saneamiento de las finanzas para no incurrir en los errores del pasado. Es imposible invertir la tendencia sin crecimiento y las dinámicas no se cambian de la noche a la mañana. Hay que perseverar en una política esperanzadora y seria y atender mientras tanto a los ciudadanos necesitados con esfuerzos extra como la ayuda de los 400 euros, confirmada ayer por el presidente Mariano Rajoy, tal y como adelantó LA RAZÓN.