El PSOE propone acabar con el equilibrio territorial español

La última propuesta del PSOE, que ha anunciado como un «pacto político» entre el Estado y Cataluña, es un paso más dentro de las tentativas que los socialistas vienen realizando sobre un tema central para la gobernación del país. En concreto, dicho acuerdo se basaría en el reconocimiento de los «derechos históricos» y «el hecho diferencial», conceptos de difícil traducción al campo del Derecho, sobre todo si se quiere mantener el principio de igualdad territorial, un concepto básico para los que se reclaman de la tradición de izquierda o liberalconservadora y que la Constitución especifica en su artículo 138.1: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español». Todo lo que altere este principio nos sitúa en un terreno políticamente desconocido, que incluso va más allá del federalismo que históricamente ha defendido el socialismo español. La propuesta de Pedro Sánchez ha sido muy bien recibida en el PSC por boca de su primer secretario, Miquel Iceta, que ve en ella un freno al referéndum de independencia o una forma de ganar tiempo ante una situación que sospecha irreversible. Garantizar competencias para evitar la ilegalidad de algunas leyes desarrolladas por la Generalitat y los constantes choques con el Tribunal Constitucional es consagrar un sistema asimétrico, esté o no inspirado por el federalismo que tanto ha defendido el PSOE. Si se acepta que la singularidad catalana debe ser reconocida en la Carta Magna, como proponen los socialistas, estaríamos situando en un ámbito de bilateralidad que dinamitaría el principio de que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» (artículo 138.2). La fórmula para este reconocimiento sería muy fácil: incorporar a la Constitución el artículo 5 del actual Estatuto de Autonomía. Así lo vería Iceta, sin especificar que dicho reconocimiento supondría «una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat», como especifica el propio Estatuto. Se trata de aceptar en la práctica una mezcla de federalismo asimétrico y de confederalismo. De ser así, estaríamos hablando de la demolición del sistema territorial autonómico que rige en España desde 1978 –materializado por Cataluña con el Estatuto del 79– y que, en su concreción práctica, es comparable al federalismo aplicado en Alemania. Ya ha habido dirigentes socialistas que han llamado la atención sobre lo que supondría una alteración del principio de igualdad. Conviene echar la vista atrás para entender que los errores cometidos por los socialistas han propiciado una situación en la que ha dado alas al soberanismo. La reforma del Estatuto fue una idea de Pasqual Maragall sin demanda social alguna y basada, de nuevo, en que debía ir de acuerdo con una reforma constitucional. El reconocimiento de los derechos históricos llevó a la redacción de un Preámbulo de nefastas consecuencias. El PSOE ha vuelto al mismo lugar que desencadenó la actual situación. Hay que partir de un hecho: el nacionalismo es, por definición, antifederal y contrario a la igualdad de los territorios.