El TC debe emplear todos los medios contra el separatismo

La fotografía a las puertas del Tribunal Constitucional (TC) de los líderes catalanes de Ciudadanos, Inés Arrimadas; PSC, Miquel Iceta, y PP, Xavier García Albiol, para presentar tres recursos de amparo contra el trámite de la declaración independentista que se votará el próximo día 9 en el Parlament tiene una gran importancia en la ejecución de la «hoja de ruta» separatista. Por primera vez, las formaciones constitucionalistas se han unido para frenar el asalto independentista a la legalidad vigente. La visualización de este cierre de filas tiene, además, un valor especial cuando en Cataluña funciona un unanimismo asfixiante en el que poner en duda la ortodoxia nacionalista es situarse en la marginalidad, incluso negársele la condición de ciudadano catalán. Así están las cosas. La Ley, por lo tanto, siempre es el recurso de los que sufren esta hegemonía absoluta administrada, para mayor escarnio, desde las instituciones de autogobierno. Será un batalla larga que habrá que emprender con la Constitución en la mano. De momento, el TC estudiará hoy los tres recursos de amparo contra la decisión de la Mesa del Parlament que permitirá debatir la propuesta de resolución que inicia el «proceso» independentista, lo que en un ejercicio de irresponsabilidad pueril denominan la «desconexión». Aunque el TC admita el recurso que pide la suspensión del pleno del lunes, lo hará por vía ordinaria, algo incomprensible cuando nos estamos enfrentando al mayor desafío que ha sufrido la democracia en España. Dicho trámite obligará a pedir informes a todas las partes, lo que impedirá llegar a tiempo para la anulación de la sesión del Parlament en la que se votará la puesta en marcha del «proceso». La Ley es la Ley, nadie lo pone en duda, pero existen fórmulas jurídicas para evitar que dicho pleno se celebre, como la aplicación de artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC, que especifica que «en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite». Ciudadanos y el PP pidieron la suspensión del pleno –lo que no hizo el PSC– bajo el convencimiento de que un auto de 1994 en el que se resolvió que se puede paralizar una declaración de la trascendencia y carácter de la que quiere aprobar el Parlament si se «tratase de una proposición contraria a la Constitución o ajena a las competencias atribuidas al ordenamiento en cuyo seno pretende integrarse». De todas maneras, de salir adelante la declaración independentista –algo previsible, ya que cuentan con la mayoría de diputados–, ésta tendrá un corto recorrido, ya que el Gobierno, tal y como ha anunciado, la recurrirá. El día 10 se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para poner en marcha el recurso, lo que supondrá la suspensión cautelar inmediata de la resolución y de todos los actos que se deriven de ella, lo que afectará a las leyes que los independentistas quieren sacar adelante dentro de su plan de crear «estructuras de Estado», como la de Hacienda Pública propia y la de Seguridad Social. Como no puede ser de otra manera, la decisión del TC debe ser respetada, pero debemos insistir en el momento crucial que vive nuestra democracia y la necesidad de utilizar mecanismos jurídicos que pongan freno al desafío separatista. La Ley tiene sus tiempos, pero el futuro de nuestro país está marcado por el desafío de romper España.