El voluntarismo de Rivera choca con la realidad

La reunión, ayer, de la mesa de seguimiento del pacto de investidura firmado por el Partido Popular y Ciudadanos ha confirmado la voluntad de ambas partes de hacer honor a sus compromisos, aunque, como ya se había advertido desde las filas populares, algunas de las condiciones exigidas por el partido de Albert Rivera plantean serias dudas de constitucionalidad. Nos referimos, por supuesto, a la retirada de la inmunidad parlamentaria a los diputados y senadores, pero, también, a la limitación de mandatos de los cargos de representación popular. Aunque, en nuestra opinión, ninguna de las dos propuestas de Ciudadanos ofrecen ventaja o mejoramiento alguno del sistema político español –la existencia de la inmunidad parlamentaria viene avalada por amargas experiencias de la historia–, el problema se encuentra en la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional de calado que exige el consenso de la mayoría cualificada de las Cámaras. Por ello, preocupan las declaraciones de los representantes del partido naranja, en las que subyace la disposición a buscar atajos legales que no sólo acorten el calendario, sino que eludan la jerarquía de las leyes. A la espera de los dictámenes jurídicos, lo cierto es que el voluntarismo político que demuestra Albert Rivera puede chocar con la realidad de nuestro ordenamiento constitucional.