Espionaje político

De nuevo ha surgido el nombre del actual consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó i Aubarell, en relación con los casos de espionaje en Cataluña y la empresa de detectives Método-3. En esta ocasión, y a partir de la abundantísima documentación incautada por la Policía en la sede barcelonesa de la citada agencia, se desprende que el dirigente de Convergencia habría encargado la elaboración de informes confidenciales sobre varios miembros del Partido Popular. Como hoy publica LA RAZÓN, la novedad, a estas alturas del proceso, es que no se trataba de personas relacionadas con la política interna catalana, sino de cargos electos como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o la de Ciudad Real, Rosa Romero. En la lista también figuraban el ex concejal madrileño Pedro Calvo y el diputado regional castellano-manchego Francisco Cañizares. Las fechas de los encargos coinciden, en un caso, con la tragedia del Madrid Arena, en la que fallecieron cinco jóvenes, y la firme reacción de Ana Botella en el deslinde de las responsabilidades políticas de su equipo de Gobierno, que llevó, entre otras consecuencias, a la dimisión de todos sus cargos del concejal Pedro Calvo; y en el otro, con las acusaciones vertidas contra Rosa Romero y Francisco Cañizares por un supuesto delito inmobiliario –que no fue tal– por parte de un constructor. Habrá que aguardar al resultado de las investigaciones judiciales, pero no es aventurado suponer –y así parece creerlo la Policía– que la intención de los dosieres era la búsqueda de improbable información sensible sobre unas figuras públicas, adversarios políticos, que se encontraban bajo el foco de la actualidad. No se trata de una cuestión menor, puesto que la trama involucra presuntamente a un personaje de gran influencia en CiU, muy ligado al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, y en unos momentos en los que el partido nacionalista preparaba el giro independentista. Germá Gordó ya fue relacionado con otro caso de espionaje, el del ex consejero de Interior del Gobierno autónomo catalán Felipe Puig, que, por el momento, le ha costado la dimisión a Xavier Martorell, ex director del Servicio de Prisiones de la Generalitat, y otro de los hombres de confianza de Mas. El nacionalismo catalán ha intentado desentenderse del caso con la manida técnica de acusar a los demás de un supuesto complot contra el proceso soberanista. Ese «cierre de filas» le ha servido con ERC, ahora aliado de CiU, que cambió de posición con respecto a la apertura de una investigación por parte de una comisión del Parlament. Pero el espionaje político en Cataluña está demasiado extendido –incluso fuera del territorio– como para despacharlo con victimistas excusas genéricas. Esperemos que la Justicia pueda llegar al fondo del asunto sin que transcurran lustros.