Europa cierra fronteras ante la crisis de los refugiados

La decisión del ministro del Interior alemán, Thomas de Maiziere, de restablecer los controles fronterizos con Austria para «detener el flujo de inmigrantes y volver a un proceso ordenado» no es otra cosa que el reconocimiento, forzado por la realidad, de que la canciller de Alemania, Angela Merkel, no calculó bien las consecuencias de una decisión que no sólo suponía incumplir los tratados europeos sobre el derecho de asilo, sino que iba a resultar en un inevitable efecto llamada para cientos de miles de sirios que se hacinaban en los campamentos de refugiados de Turquía, Líbano y Jordania, así como de otras muchas personas acosadas por la violencia islamista en la propia Siria y en Irak. Ayer, la presión del Gobierno de Baviera, que se confesaba desbordado por la situación, unida a las noticias que llegaban de Austria y Hungría, dando cuenta de que otros 50.000 demandantes de asilo atestaban la llamada «ruta de los balcanes» camino de Alemania, obligó a reaccionar a Berlín y, en consecuencia, a Viena, que suspendió las líneas ferroviarias internacionales, bloqueó las principales autopistas y desvió a miles de extranjeros en tránsito hacia campamentos provisionales. La cuestión es grave porque está en riesgo el Acuerdo de Schengen, uno de los grandes símbolos de la Unión Europea, y porque no parece que Bruselas vaya a ser capaz de adoptar una política consensuada por todos los socios ante el desafío migratorio. Ni siquiera es seguro que salga adelante el reparto de asilados establecido por la Comisión, una vez que países como Eslovaquia y Rumanía han decidido ejercer su derecho de veto y otros, como Polonia y Chequia, se muestran reticentes a aceptar la parte que les toca. A esto se une que, frente a las numerosas movilizaciones de solidaridad con los refugiados y a los continuos llamamientos a la población de las instituciones religiosas y sociales para que colaboren en las labores de acogimiento, los gobiernos del centro y norte de Europa detectan una oposición ciudadana soterrada, pero creciente, a cualquier relajación de la política de asilo, postura muy influida por el temor que despierta en el europeo medio el incremento del terrorismo islamista. Una vez más se demuestra que la falta de una política exterior común y, sobre todo, el incumplimiento de las normas y de los tratados por parte de uno u otro país –en este caso del acuerdo de Dublín, que establece que las peticiones de asilo deben presentarse en la primera frontera europea a la que llegue el demandante– son el talón de Aquiles de la UE. Hoy, se reúnen en Bruselas los ministros del Interior y Justicia europeos para buscar soluciones al agravamiento de una crisis migratoria que, a medio plazo, no se resolverá con cuotas de asilados porque sus causas son complejas y, en cierto modo, se han hecho crónicas. Así, la emergencia siria sólo es una muestra del problema estructural al que nos referimos y que se extiende a buena parte de Oriente Próximo, Asia Central, Magreb y África subsahariana. Las cifras más conservadoras calculan en 800.000 los sirios, iraquíes y afganos que pedirán asilo en Europa durante los próximos doce meses, pero no tienen en cuenta los flujos migratorios africanos y asiáticos que no dejan de crecer. Es preciso que de una vez por todas, la Unión Europea afronte la situación con un proyecto a largo plazo, que tenga en cuenta a los países emisores, y no con parches de urgencia, como ha sucedido hasta ahora.