Firmeza judicial frente al rebrote de la «kale borroka»

Aunque entendemos perfectamente que desde la dirección de la Guardia Civil se trate de no magnificar el suceso de Alsasua (Navarra), donde fueron golpeados por una banda de proetarras dos miembros del Benemérito Instituto que se hallaban disfrutando de las fiestas locales en compañía de sus respectivas parejas, se equivoca Arsenio Fernández de Mesa cuando atribuye lo ocurrido a la «irracionalidad» de unos pocos individuos. Ciertamente, se trata de los actos de una minoría dentro de la sociedad navarra, pero ni actúan irracionalmente ni han surgido por generación espontánea. Lo sucedido en Alsasua es el inevitable colofón de una acción enmarcada en el terrorismo callejero –la vieja «kale borroka» impulsada por ETA en la década final del pasado siglo– que parece haber prendido de nuevo en el norte de Navarra ante la pasividad complaciente de las actuales autoridades forales. Sólo la serenidad, la preparación profesional y el valor físico demostrado por los guardias agredidos impidieron que los hechos derivaran en una tragedia. Porque, a expensas de lo que determine la investigación judicial abierta a partir de las diligencias incoadas por la Policía Foral, lo ocurrido en Alsasua responde a una acción premeditada por parte de uno de los grupos abertzales que han puesto en marcha la campaña «día de la huida», que, con una estrategia de intimidación y acoso a la Guardia Civil, pretende que las Fuerzas de Seguridad del Estado se retiren, es decir «huyan», del territorio foral. Alsasua, donde gobierna una coalición de Geroa Bai y Bildu, es precisamente uno de los puntos calientes de esta campaña, con frecuentes marchas burlescas contra la Benemérita y las instituciones del Estado, y exhibición de pancartas, «ninots» y esculturas que no sólo ridiculizan a la Guardia Civil, al Ejército y a la Jefatura del Estado, sino que suponen una clara política de intimidación que se extiende al resto de los ciudadanos. Por lo que sabemos hasta ahora, los autores de la agresión, alrededor de medio centenar de individuos, se fueron reuniendo en la puerta del bar donde se hallaban con sus parejas los dos guardias –el teniente del puesto de Alsasua y un sargento que acababa de llegar a su destino en la localidad–, avisados telefónicamente por uno de los líderes del movimiento abertzale contra la Guardia Civil, que había reconocido al teniente aunque iba de paisano. Fue, pues, una acción planeada y no un encuentro fortuito, como quieren dar a entender los portavoces de Bildu, conscientes de que los hechos caen de lleno en las previsiones de la misma legislación antiterrorista que consiguió acabar con la «kale borroka» en el País Vasco. El asunto es, sin embargo, tan grave, que sobrepasa cualquier consideración benevolente que tienda a quitarle hierro en aras de una supuesta normalidad. La experiencia de muchos años de lucha contra la maquinaria del terror de ETA nos enseña que sólo desde la firmeza en la aplicación de las leyes se pudo terminar con la lacra y recuperar las calles del País Vasco y Navarra para la ciudadanía. No puede permitirse que rebroten las mismas tácticas de intimidación, los mismos usos mafiosos con los que los proetarras conseguían dominar el espacio público. Si las autoridades de Navarra no están dispuestas, por las razones que sean, a acabar con la impunidad de esos grupos, tendrá que ser la Fiscalía del Estado quien dé la respuesta adecuada: la aplicación de las leyes antiterroristas.