Impecables relevos en la Fiscalía

Más allá de las afinidades personales y los intereses corporativos de las asociaciones profesionales, los relevos decididos por el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, responden a los criterios esperados de idoneidad y han seguido, como no podía ser de otra forma, los trámites establecidos en los estatutos del Ministerio Público. De hecho, la única anomalía, por así decirlo, ha sido la reacción extemporánea del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, quien, según propia confesión, aspiraba a seguir en el mismo cargo que venía desempeñando desde los últimos once años. Rápidamente, y a raíz de las insólitas declaraciones públicas de López Bernal, en las que denunciaba haber recibido presiones para no perseguir casos de corrupción, luego matizadas por el propio autor, los partidos de la oposición han exigido la comparecencia parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado para que expliquen unas decisiones que consideran fruto de la presión gubernamental, cuando no las tildan de simple depuración política del Ministerio Público. Pero si la pasión sectaria no cegara con tanta frecuencia a algunos de nuestros representantes públicos, los exaltados portavoces del PSOE y de Podemos hubieran llegado a la conclusión de que ha sido, precisamente, la reacción del fiscal López Bernal ante su relevo lo que motivaría razonables sospechas de politización o persecución ideológica en las actuaciones de la Fiscalía Superior de Murcia. Si no es habitual que un alto fiscal siembre dudas sobre la rectitud de sus superiores, a los que está naturalmente subordinado por los principios de jerarquía y unidad de actuación, mucho menos que denuncie, a posteriori de su cese y sin más precisiones, unas supuestas presiones que vulnerarían la autonomía del ministerio público en el proceso acusatorio. Es cierto que López Bernal, tras comprender el inevitable alcance social de su desahogo, ha matizado sus declaraciones, trasladando la responsabilidad de las presiones sufridas a algunos representantes políticos, que no nombra, y a las críticas periodísticas que destacaban la vinculación profesional de su esposa con el PSOE, pero, en realidad, ha hecho lo mismo que denuncia: cargar sobre los hombros de su sucesor la posible desconfianza de la opinión pública ante cualquier decisión jurisdiccional que no coincida con sus propias apreciaciones. Lo peor, y aunque el fiscal saliente no lo hubiera pretendido, es que con estas actitudes se extiende la desconfianza entre la ciudadanía sobre el correcto funcionamiento de nuestras instituciones públicas. Por otra parte, si bien parece inevitable que algunos partidos instalados en las políticas de descrédito del modelo constitucional español y de la democracia representativa aprovechen cualquier resquicio del sistema para sus fines, no se entiende que se presten a seguirles el juego otras formaciones que, como el PSOE, han legislado el actual Estatuto fiscal. Tampoco que una asociación profesional, como la Unión Progresista de Fiscales, entre en descalificaciones que casi siempre se vuelven en contra de sus protagonistas. Frente a estas polémicas, existe, sin embargo, una realidad que esperamos que acabará por abrirse paso en la percepción de la sociedad española: la de la actuación profesional e independiente de la Justicia en la lucha contra la corrupción pública, por más ruido ambiental que se genere. Y la de un Gobierno que ha respetado escrupulosamente esa independencia judicial, pese que algunos se empeñen en negarlo.