Injusticia con un gran ministro

Desde cualquier análisis racional, la elección por el Partido Popular del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para ocupar la presidencia de una comisión parlamentaria en el Congreso no sólo es perfectamente entendible en la mecánica interna de los partidos, sino que, además, responde a la lógica política de reconocer el mérito de quien ha desempeñado con eficacia una labor difícil y compleja durante su paso por el Gobierno. Que los separatistas catalanes o los partidarios de la ruptura del sistema democrático denosten a quien, sin lesionar en lo más mínimo los derechos fundamentales de los españoles, ha sido capaz de mantener la paz ciudadana, la seguridad y la libertad de todos y, al mismo tiempo, hacer cumplir la Ley sólo ennoblece a Fernández Díaz. No hay ninguna razón legítima que justifique la acción del PSOE, la falta a la palabra dada, sobre un diputado de la Cámara con las mismas cualidades de representación que cualquier otro parlamentario y con una trayectoria impecable. Estamos ante una muestra de trato injusto, de claudicación ante la demagogia, de la que creíamos que, al menos, estaba exenta la sede que ostenta la esencia de la soberanía nacional. Ni siquiera la impecable y ejemplar respuesta del propio ex ministro, que se puso sin condiciones al servicio de su partido, anteponiendo los intereses colectivos a los propios, reducen la indignidad con él cometida por un partido que, en este caso, se ha dejado arrastrar por la dinámica sectaria de los populistas. El hecho de que los socialistas hayan incumplido flagrantemente un acuerdo parlamentario que obligaba a todos –y que responde a una convención no escrita pensada para favorecer a los grupos minoritarios– no supone tanto una derrota para los populares, que han mantenido su palabra en condiciones francamente ingratas, como el reconocimiento de que el liderazgo de la oposición puede cambiar de manos, si el PSOE no recupera la centralidad y el equilibrio. Que los socialistas, con su veto a Jorge Fernández Díaz para presidir la comisión de Exteriores del Congreso, hayan caído en una añagaza de libro tendida por Podemos, nos habla, pues, de su desorientación y de la urgencia de que se lleve a cabo el inevitable proceso de reconstrucción a que está abocado el partido. Pero lo sucedido se presta también a una reflexión sobre la deriva que tratan de imponer en el Congreso los nuevos partidos populistas, que no sólo desprecian los usos y costumbres de la Cámara, sino que pretenden extender al Hemiciclo su concepto de la confrontación total, maniquea y excluyente, conscientes de que el normal desarrollo de la actividad parlamentaria les deja reducidos al propio espacio que ocupan. Una Cámara en permanente enfrentamiento, donde dejen de respetarse los consensos básicos de la Transición, en la que sea moneda de uso corriente el insulto y la descalificación personal. En la que se rechace cualquier otra legitimidad que no sea la de los propios correligionarios, nos acerca más al espectáculo de la Venezuela de Nicolás Maduro que a lo que ha representado a lo largo de las últimas cuatro décadas la democracia española. De ahí la importancia de que los partidos constitucionalistas mantengan unos consensos básicos en el funcionamiento regular del Congreso. Ayer, el PSOE, sin duda presionado por las circunstancias extraordinarias que está viviendo, se equivocó. Ni Jorge Fernández Díaz se merecía la injusticia de un veto ni los socialistas estaban legitimados para intervenir en las decisiones del Partido Popular. Pero, lo más grave, es que se ha prestado a una jugada tramposa de quienes tratan de dañar al sistema.