La economía española no admite programas irresponsables

Del informe anual del Banco de España sobre las perspectivas de la economía nacional conviene quedarse con la reflexión de que es esencial culminar el proceso de consolidación fiscal emprendido en la última legislatura. La cuestión de cómo se aborda ese proceso, si operando sobre el gasto público o sobre el incremento de la recaudación impositiva, queda abierta a la legítima discusión y, por el momento, no parece que se pueda alcanzar un consenso que no vaya más allá de fórmulas intermedias o de compromiso. Así, el organismo que preside Luis María Linde insiste en sus conocidas soluciones de incrementar los impuestos indirectos y favorecer la actividad empresarial y la competitividad con el abaratamiento del despido y de los salarios, al tiempo que demanda la aplicación estricta, incluso restrictiva, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de la Ley de Estabilidad. Son, como es sabido, propuestas que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha considerado convenientes por creer que contienen un efecto perverso pues contraen la evolución del mercado interno cuando, precisamente, el consumo doméstico ha tomado el relevo a las exportaciones como motor del crecimiento de la economía española. De hecho, la propuesta del Partido Popular insiste en la reducción paulatina del esfuerzo fiscal para mantener el incremento del PIB y, por lo tanto, aumentar los ingresos del Estado. O dicho de otra forma: operar sobre el mercado laboral con el objetivo de llegar a los 20 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Como señalábamos al principio, se puede discutir, y se discute, si la economía española será capaz de seguir creciendo a los actuales ritmos, algo imprescindible para compensar la rebaja fiscal en las cuentas públicas. Pero, en cualquier caso, se antoja una propuesta razonable, contrastada en la experiencia de los dos últimos ejercicios y basada en la confianza en nuestras propias capacidades. Por el contrario, los partidos del arco de la izquierda –desde el PSOE a Podemos– se han embarcado en una especie de concurso de ofertas electoralistas que parten, no de la confianza en que la situación del conjunto de la sociedad seguirá mejorando al mismo ritmo que el mercado de trabajo, sino de un diagnóstico tremendista y profundamente maniqueo, que presenta a un país irreconocible, devastado por la pobreza infantil y las familias malviviendo de los recursos sociales. Es evidente que todavía hay muchos españoles que sufren las consecuencias de la crisis, pero ello no justifica ni la demagogia ni, mucho menos, el recurso a las viejas políticas clientelares, que desincentivan a la sociedad y nos devuelven a la espiral del déficit y la deuda. Con el agravante de que esas propuestas van a golpear directamente al plexo solar de una clase media que apenas se está recuperando de la crisis. Pretender que una renta de 60.000 euros anuales, como hace Podemos, corresponde a los «ricos», es manipular groseramente la realidad. No todo es aceptable en política, ni siquiera en periodo electoral. Incrementar el gasto público no productivo y cubrirlo con mayores impuestos es un camino trillado hacia una nueva recesión. Al menos el PSOE no debería caer en promesas falaces que cuantifican el valor del voto de los que han sufrido más la crisis, sino afrontar el reto de las urnas desde el realismo y la credibilidad. Unidos Podemos es populismo de izquierda y ya se sabe.