La Generalitat debe volver al orden

Es tal la situación de desgobierno y descontrol que vive la Generalitat, que nadie sabe qué puede pasar en los próximos meses, incluso en las próximas semanas. Hay un desconcierto general aumentado por los sucesos del pasado fin de semana en el que se ha producido una nefasta concatenación de hechos: los que tienen que velar por el orden público se han alineado con aquellos que lo subvierten. El gobierno de Cataluña critica a los Mossos d’Esquadra cuando actúan contra una manifestación violenta de independentistas y permiten que una vía fundamental para las comunicaciones, como la autopista AP-7, estuviese bloqueada durante diecisiete horas por un comando de los CDR sin que la policía autonómica recibiera ninguna orden para que se pudiera transitar libremente. Ante esta situación, el apoyo a estos grupos violentos por parte del mismísimo presidente de lo que queda de la Generalitat, Joaquim Torra, y su llamamiento a seguir la «vía eslovena» a la independencia –que provocó una guerra y cerca de 70 muertos–, parece que el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a darse por enterado de la situación realmente alarmante que está viviendo Cataluña. No debe de ser fácil para un presidente del Gobierno soportar –por la exigencia moral que obligaría el cargo– el hecho de que quien le ha permitido llegar a la Moncloa con sus votos le reciba con altercados –ni siquiera pacíficas protestas– en Barcelona el día 21, donde tiene previsto reunirse el Consejo de Ministros, con el apoyo provocador del propio Torra. Pero al menos por asegurar la paz social y defender las instituciones democráticas, es hora de que Sánchez se dé por enterado. A la situación no hay que añadir ni un gramo de alarmismo porque sobran las pruebas, de palabra y de hecho, de que los independentistas que han tomado a la Generalitat como rehén están dispuestos a persistir en el golpe y alcanzar sus objetivos, pase lo que pase, y si el Estado de Derecho no se lo impide. «No hay marcha atrás», es la letanía que Torra ha repetido desde su ayuno monástico en Montserrat. Por lo tanto, ante la reiterada dejación de funciones del Gobierno catalán permitiendo los actos violentos que han tenido lugar el pasado fin de semana sería lógico que se investigase por parte de la Abogacía del Estado cómo debería intervenirse la Generalitat a la vista de que Torra, además, ha hecho un llamamiento a emprender un camino que en la ex Yugoslavia fue el preludio de una guerra bárbara. En la comparecencia de mañana en el Congreso, Sánchez debería concretar las medidas que está dispuesto a emprender para que la situación en Cataluña no degenere en lo que el independentismo busca desde hace tiempo. Por un lado está la aplicación la Ley de Seguridad Nacional que, ante situaciones especialmente graves en las que no se pueda asegurar el orden público, supondría tomar el control de los Mossos d’Esquadra. Es una media que, aunque contaría con el respaldo de C's y PP, está entre las facultades del presidente del Gobierno, ya que se ejecuta a través de un real decreto. Por otra parte, la aplicación del 155 está siendo ya contemplada por el propio PSOE, una medida que se anunció traumática cuando la puso en marcha el gobierno del PP, pero que permitió por lo menos frenar la deriva insurgente abierta tras la declaración unilateral de independencia. La situación encierra una paradoja que la hace especialmente compleja: Sánchez gobierna gracias a los votos de los independentistas, de aplicar alguna medida para frenar el desorden público que se vive –Ley de Seguridad Nacional o intervención de la autonomía–, provocaría el fin del Gobierno. Sánchez ya sabe a estas alturas que la caída del PSOE en Andalucía se debe en gran parte a su pacto con los autores del golpe a la legalidad democrática.