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La hora del Estado de Derecho

l Gobierno de España respondió con claridad y ateniéndose al marco legal que le permite la activación del artículo 155. Mariano Rajoy anunció el cese inmediato del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros del Govern, así como el control de los Mossos d’Esquadra y otras partes de la administración. En tanto que es ya función del presidente del Gobierno poder convocar elecciones en Cataluña, anunció la disolución del Parlament y la convocatoria de comicios autonómicos para el próximo 21 de diciembre. Todos los partidos constitucionalistas han pedido hasta la saciedad la convocatoria de elecciones para desbloquear una situación que estaba carcomiendo a la sociedad catalana y española. Rajoy no ha querido que se elucubre sobre la aplicación de un 155 «duro» o «blando»; se trata de una disquisición absurda que no lleva a nada. Cuando con el voto de 70 diputados, que no llegan a los dos millones de electores –frente a los 7,5 millones de ciudadanos en Cataluña y los 46,5 en el total de España–, se proclama la independencia de una parte del territorio hay que aplicar la Ley. No estamos ante un delito menor, ni ante una decisión política insustancial, por más frivolidad que ayer se demostró en las calles de Cataluña: tipificado como rebelión, es el peor delito que puede cometer un político.

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En el razonamiento de la puesta en marcha del 155, explica el Gobierno que «las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes». Si lo urgente era restituir las instituciones y devolver la normalidad democrática en Cataluña, unas elecciones, libres, limpias y legales, es el camino, tal y como se ha reclamado. Sin duda, es un movimiento audaz y arriesgado el que asume Rajoy, pero nadie podrá echarle en cara que no era justamente lo que todos los partidos pedían y Puigdemont se negó a convocar, abocándose a la delirante declaración de independencia que tuvo lugar ayer en el Parlament. Ahora toca administrar con cuidado e inteligencia las medidas que constitucionalmente permiten intervenir aspectos claves de la administración catalana. La situación de degradación política, social y económica que estaba sufriendo Cataluña exigía estas medidas. Lo sucedido ayer en el Parlament obligaba a una respuesta muy articulada legalmente y consensuada, pero también una salida política inmediata. El Gobierno ha demostrado que quiere que el 155 se aplique de manera inmediata, que ya no se puede confiar en los dirigentes de la Generalitat y que no se prolongue en el tiempo más allá de los imprescindible.

La manera como se proclamó la independencia hace cierto el calificativo que aplicó el propio Rajoy: despierta «impiedad». El «proceso» fue fiel al oscurantismo y desprecio a las normas democráticas básicas que le han acompañado desde su puesta en marcha. Ayer, el Parlament declaró la independencia de Cataluña en una sesión que pasará a la historia de la ignominia política. Los detalles de la proclamación –a través de la aprobación de una ordinaria propuesta de resolución– no son menores y suponen en sí mismos una muestra de los principios antidemocráticos que la han inspirado. Con la mitad de la Cámara vacía y obligados a votar en secreto tras modificar el orden del día en el último momento para no asumir responsabilidades legales, Cataluña «restaura su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica». Lo sucedido ayer es la demostración de la inmensa mentira en la que hasta el último momento han estado instalados los dirigentes de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, falseando supuestas negociaciones abiertas hasta el último momento, ofreciendo diálogo o buscando intermediadores internacionales, cuando todo indica, según el desenlace, que el plan estaba perfectamente diseñado para declarar la independencia saltándose todas las normas. Se trata de un golpe en toda regla y por la gravedad que implica debe ser respondido con la Ley. De nuevo, ayer, también volvió a evidenciarse esa misma mentira: antes de que el Senado aprobase el artículo 155, el Parlament había declarado la independencia.

La declaración de independencia es el colofón de un proceso que ha devastado la política catalana, ha desgarrado a la sociedad hasta partirla en dos y ha dejado a Cataluña como una región en manos de un grupo de nacionalistas antidemocráticos que están minando el espíritu de la Unión Europea. Lo vivido ayer en Barcelona y en otras ciudades catalanas, la «primera fiesta de la República», deberá hacer recapacitar sobre por qué una sociedad próspera desarrolla tal grado de inmadurez e irresponsabilidad sin atenerse al principio básico de que las leyes comunes deben cumplirse. En estos momentos, hay que cerrar filas con el Gobierno de la nación, como así han hecho PSOE y Cs, apoyar las medidas que se van a aplicar y como han hecho ya numerosas instituciones internacionales y gobiernos europeos, defender la legitimidad con la que nos asiste nuestra democracia para impedir su destrucción.