La nefasta gestión de Vargas lastra el futuro de AENA

El aeropuerto de El Prat de Barcelona vive una situación caótica provocada por los paros de los empleados de los controles de seguridad. Colas de hasta hora y media que han ocasionado retrasos en los vuelos impropio de un aeropuerto de primer nivel. Además, no se ve perspectiva alguna de solucionar el conflicto, muy al contrario: se han anunciado paros indefinidos de 24 horas desde la mitad del mes de agosto, justo en un momento de máximo circulación de pasajeros. No sólo es necesario que los sindicatos y la empresa concesionaria Eulen lleguen a un acuerdo, sino que la dirección del aeropuerto, dependiente de AENA, se implique en el conflicto para buscar una solución. Es su obligación. Sin embargo, su papel ha sido desentenderse y permitir que el aeropuerto de Barcelona, la ciudad española que recibe más turistas, se degrade a niveles inaceptables. No entendemos que una empresa que tiene el 51% del accionarado público se mantenga al margen y no arbitre una solución. El presidente de AENA, José Manuel Vargas, como máximo responsable de las gestión de la navegación aérea española, debe velar por su buen funcionamiento, por lo que es su obligación buscar medidas para evitar un caos que sólo irá en prejuicio de los usuarios, de los intereses de la Barcelona y de la industria turística española. Los antecedentes de la gestión del actual presidente de AENA desde su llegada a la compañía en enero de 2012 no arroja un buen balance. El punto más crítico y polémico de su gestión estuvo en la privatización y salida a bolsa, una decisión precipitada cuyas consecuencias puede comprobarla ahora la hacienda pública. Valorada esta empresa pública en febrero de 2015 en 8.700 millones, la privatización del 49% supuso una recaudación para el Estado de 4.263 millones. Si entonces el valor de las acciones estaban en 53-58 euros, ahora el precio del título se sitúa en 164,3, lo que supondría una capitalización de 24.600 millones. De haber salido a la venta ahora, la recaudación para el Estado hubiese sido de 12.054 millones. Es decir, la hacienda pública ha perdido 7.791 millones. Además, la pretensión del primer directivo de AENA era haber vendido aún más barato, desconocemos el motivo, aunque el Gobierno frenó sus intenciones. Esta operación debería haber sido investigada, pues nunca quedó clara la precipitación de esta venta. Parece que los intereses de la cúpula de AENA siguen yendo en dirección contraria al interés público por cómo está gestionando la crisis de El Prat. Es incomprensible que el presidente de la empresa, José Manuel Vargas, no haya actuado decididamente en solucionar un problema que está dañando los intereses de Barcelona y del conjunto de la industria turística española. Esperemos y deseamos que los pasos que deban tomarse ahora sean los más sensatos, teniendo en cuenta que Vargas, antes de recalar en AENA dejó al grupo Vocento, editora de «Abc», del que fue consejero delegado desde 2007, fuertemente endeuado y con pérdidas. Lo sorprendente es que el Gobierno lo acabase situando al frente de AENA, cumpliendo a la perfección con el llamado «capitalismo de amiguetes», o de pagar los favores prestados de cuando controlaba Vocento. Era un destino dorado donde era imposible hacerlo mal por la posición monopolística que tiene esta compañía. A pesar de ello, ha tenido una gestión errática, cuyo último capítulo ha sido su intento de lanzar una opa sobre Abertis, operación que el Estado, su accionista mayoritario, frenó, lo que evidencia que su criterio no coincidía con el del Gobierno.