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La tentación bolivariana del PSOE

Tiempo de lectura 4 min.

24 de agosto de 2018. 01:28h

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24/8/2018

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado –147 senadores frente a 61 socialistas– tiene su origen, como no podía ser de otra forma, en la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Es un hecho democrático que nadie ponía en duda hasta que el voto de Cámara Alta ha pasado a ser decisivo para aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incluye el llamado «techo de gasto». Confrontados a esta realidad, que, además, es consustancial a un Estado en el que rige la separación de poderes, los representantes de Podemos, formación de extrema izquierda ideológicamente vinculada al llamado «socialismo bolivariano», han propuesto al actual Gobierno socialista que tome un dudoso atajo legislativo, en forma de real decreto, para eludir el obstáculo bajo la argumentación de que se trata de una «mayoría espuria», en expresión del secretario de organización podemita, Pablo Echenique, o de la manera de «quitarle a Pablo Casado y al PP el último reducto de poder que tiene en el Senado», en palabras de la portavoz adjunta del partido morado, Ione Belarra. Estamos, sin necesidad de entrar en matices, ante la misma lógica política que ha venido aplicando el chavismo en la desgraciada Venezuela, donde ha fulminado las bases de la democracia, cooptando desde el Ejecutivo al resto de los poderes del Estado. Es, con pocas distancias que salvar, el intento de suplantar la democracia representativa por la llamada «democracia directa» que ya han ensayado los populistas de Podemos en los ayuntamientos que gobiernan. El asunto es grave, puesto que nos encontramos ante un Gobierno, como el de Pedro Sánchez, que depende para su continuidad de una extrema izquierda cuya estrategia última es la de superar parlamentariamente al PSOE y a la que no le es ajena en absoluto la táctica del clientelismo político. Porque, más allá de la maniobra neutralizadora del Senado, lo que está en cuestión es la estabilidad financiera del Estado y las políticas de crecimiento económico que difícilmente podrán mantenerse en un escenario de mayor gasto público y presión fiscal, que, inevitablemente, recaerá sobre las clases medias y las empresas privadas, pero que acabará por trasladarse, vía precios, al conjunto de la población. Si bien el socialismo bolivariano, que, en definitiva, no es más que la suma de fórmulas económicas fallidas y concentración de poder, no parece una opción creíble para un país que forma parte de la Unión Europea, no se debería despreciar el riesgo que representa para la convivencia democrática y el progreso social. El Gobierno de Pedro Sánchez está en su derecho, si le asiste una mayoría parlamentaria suficiente, de proponer una nueva reforma de la Ley de Estabilidad, que sería la tercera, para retirar la capacidad de veto del Senado, pero debe alejarse de tentaciones chavistas y seguir los procedimientos reglados en nuestro sistema parlamentario. No hay excusas para el atajo, mucho menos si éstas lo que buscan es la deslegitimación de los votos que el Partido Popular obtuvo en la Cámara Alta, como trata de instalar Podemos en la opinión pública. Comprendemos las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez para poder sacar adelante su proyecto presupuestario, que no compartimos, pero la vía democrática pasa por el respeto a las reglas del juego, que incluye el de las mayorías parlamentarias, y por la negociación con el resto de las fuerzas políticas. Es, por cierto, lo que hizo el ex presidente Mariano Rajoy cuando consiguió que este mismo Congreso le aprobara las cuentas públicas con las que está gobernando Pedro Sánchez. El PSOE no tiene por qué mirar sólo a su izquierda ni caer en las trampas del populismo más rancio. Hay otras opciones políticas mucho más razonables.

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