La urgente reforma educativa

El informe de Innovación y Progreso de la Educación de la OCDE, con datos estadísticos referidos a 2011, refleja, en lo que se refiere a España, la paradoja de un país que dedica recursos más que suficientes al sistema educativo, pero que obtiene unos resultados prácticos deficientes. En efecto, España invierte en Educación pública un 15 por ciento más por alumno que la media del resto de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Y lo hace en todos los niveles de la enseñanza: primaria , secundaria, superior y formación profesional. Nuestros profesores se encuentran entre los que más horas lectivas imparten y la ratio alumno/profesor es inferior a la del resto de los países comparados. También los sueldos de los docentes son superiores a la media. En la enseñanza universitaria, las tasas de matrícula están en línea con los países de nuestro entorno, como Francia e Italia, con una proporción de la población adulta con estudios terciarios (Universidad y FP Superior) en niveles similares a los de la OCDE. Y sin embargo, ese esfuerzo presupuestario, que supone el 5,6 por ciento del PIB y no ha dejado de aumentar en los últimos años, no ha impedido que los estudiantes españoles se encuentren, por conocimientos, en los últimos puestos de la UE, junto con Portugal y Malta, tal y como reiteran año tras año los datos comparativos de Eurostat. Tampoco ha impedido las altas tasas de fracaso y abandono escolar temprano, agudizadas en las épocas de bonanza económica, con las indeseables consecuencias en los índices de desempleo juvenil, que se ceban especialmente en los jóvenes sin titulación y con menor formación. El problema, por lo tanto, no está en el dinero, sino, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, en las sucesivas reformas educativas impulsadas por los gobiernos socialistas que, so capa de un pretendido igualitarismo, han degradado los conocimientos exigidos, el rigor y el esfuerzo académico. Ese es el auténtico desafío al que se enfrenta la reforma planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy, hacer que el esfuerzo inversor dé los réditos esperados para los jóvenes españoles y el conjunto social. Porque más allá de discutir los requisitos de las becas universitarias, que el propio representante de la OCDE, Dick Van Damme, considera homologables con el resto del mundo civilizado, la férrea oposición que está encontrando el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene una raíz política e ideológica sectaria, incapaz de reconocer las deficiencias del sistema. No es, pues, una cuestión en la que el Partido Popular vaya a ceder porque se trata de garantizar el futuro de nuestros jóvenes. Lo ideal sería el consenso con el resto de las fuerzas políticas, pero no es tiempo de pecar de ingenuos. José Ignacio Wert cuenta con el respaldo del Gobierno, con su presidente a la cabeza, y de todo su partido para llevar a cabo la reforma que España necesita.