Matar el mensajero no limpiará la corrupción

Nada tenemos contra la transparencia en todos los aspectos de la vida pública y, en efecto, el desempeño de los medios de comunicación, uno de los pilares sobre los que se asientan las democracias, no puede quedarse al margen del escrutinio de la sociedad. Ahora bien, lo que se trasluce en el anteproyecto de ley de medios, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, no tiene solo que ver con la claridad en las relaciones del poder político con los distintos actores de la Información o con el conocimiento de las estructuras directivas o, en su caso, de la selección de los algoritmos que emplean los medios digitales, sino que revelan la intención del Gobierno, una vez más, de ejercer un control sobre los contenidos informativos, algo que está en las antípodas de la libertad de prensa y la libertad de expresión, derechos consagrados en la Constitución y, por supuesto, en el ordenamiento jurídico comunitario.

Que nos hallamos ante un burdo intento de imponer un remedo de censura se desprende, entre otras cuestiones, de la decisión de convertir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el controlador y supervisor del funcionamiento de la legislación cuando este organismo «público» está dirigido por un Consejo de diez personas elegidas por el Gobierno a petición del Ministerio de Economía.

O dicho de otra forma, por un Consejo con clara ascendencia gubernamental. No hay más que repasar la trayectoria del Tribunal Constitucional, sus decisiones, desde que el actual Ejecutivo estuvo en condiciones de nombrar a la mayoría de sus miembros para entender la amenaza liberticida de lo que se pretende hacer con el control de los medios. Nada peor que un organismo cuyos responsables deben su sueldo a Pedro Sánchez, con todo lo que esto significa en la España actual, para que decida qué es un bulo y qué no o cuál es el nivel aceptable de «concentración de medios», cuando es el propio Gobierno quien, entre otras facultades, tiene en su poder la concesión y renovación de las licencias de emisión en el espectro radioeléctrico.

En este sentido, conviene recordar que en los tiempos históricos cortos la cronología de los sucesos es fundamental, de ahí que sea relevante señalar que la propuesta de control de los medios, dentro del programa de «regeneración democrática» la hizo el inquilino de La Moncloa tras sus cinco días de retiro para reflexionar sobre su continuidad en el poder. Retiro propiciado por las informaciones de los medios de comunicación sobre las actividades profesionales y mercantiles de su señora esposa, Begoña Gómez, que, a la postre, dieron lugar a la apertura de varios procedimientos judiciales, entre otras acusaciones, por corrupción. No es el primer político que trata de matar al mensajero para cubrir sus problemas. Nunca les sale bien.