Los «bloques de Picardo»

Mientras el Gobierno británico insiste en reducir la actual escalada diplomática en Gibraltar a la cuestión de los controles policiales y aduaneros que lleva a cabo España en la frontera terrestre con la colonia –el viernes pasado volvieron a reproducirse las largas colas de automóviles, con esperas de hasta tres horas para llevar a cabo el cruce–, la manifestación naval celebrada ayer por la flota de bajura del Campo de Gibraltar fue el mejor argumento para rechazar esa transferencia de la responsabilidad en la que tan hábil se ha mostrado siempre la diplomacia de Londres. El medio centenar de pesqueros españoles que surcó las aguas de la bahía de Algeciras reclamaba su derecho secular a faenar donde lo han hecho siempre, al amparo, además, de la legislación internacional, el cual ha sido conculcado por el Gobierno local de la Roca, que preside Fabian Picardo. La escalada de acoso a nuestros pescadores, que tenían que salir a la mar con la protección de las patrulleras de la Guardia Civil, ha culminado con el lanzamiento al fondo marino de más de setenta bloques de hormigón erizados de pinchos, que han dejado imposibilitado uno de los mejores caladeros. Tras una experiencia de tres siglos, sería ingenuo creer que detrás de todo este asunto no hay más que la cerrazón patriotera del representante local de la colonia. Es evidente que se trata de obtener por la vía de los hechos el reconocimiento de una soberanía británica de las aguas algecireñas, extremo expresamente negado por el Tratado de Utrecht, que no reconoce más dominio marítimo inglés en la zona que el antepuerto de Gibraltar. Así planteado, y sin caer en precipitaciones, el Gobierno español debe trasladar al ánimo del Gobierno británico, que es el único interlocutor válido para tratar los asuntos gibraltareños, el convencimiento de que no se piensa transigir con hechos consumados y de que el final del conflicto, en los términos actualmente planteados, pasa indefectiblemente por la retirada de los bloques de hormigón y el cese de las acciones hostiles contra nuestros pescadores. Gibraltar, al tratarse de un territorio extracomunitario, en el que incluso sus propios habitantes carecen de los mismos derechos que los ciudadanos de Gran Bretaña, depende para su desarrollo y estabilidad social y económica de la buena voluntad de España, a la que amparan los tratados de la Unión Europea. Se trata, por lo tanto, de no dejarse atrapar por la dialéctica del Gobierno de Londres. Los controles fronterizos entran dentro de los derechos y obligaciones que el acuerdo de Schengen otorga a España y se llevan a cabo de acuerdo con las previsiones de lucha contra el tráfico ilegal de personas y mercancías. El problema está en los «bloques de Picardo», que es lo que hay que solucionar.