Medidas cautelares contra Sánchez y Cuixart

El bloque separatista debatía ayer sobre qué respuesta debe dar Carles Puigdemont al ultimátum del Gobierno sobre si declaró o no la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre en el Parlament. Un sector –encabezado por Mas– es partidario de frenar la DUI y otro –dirigido por ERC y la CUP– defiende llegar hasta el final. De ellos depende el futuro de Cataluña. No queda ahí: las dos entidades que aseguran la «movilización permanente», ANC y Omnium, presionan a su vez y hacen valer su poder. Las instituciones catalanas están ocupadas por un puñado de aventureros y hay que tomar medidas. Los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía y de otros departamentos impidiendo la normal actuación de la Guardia Civil y de una comisión judicial y, como ha dejado palmariamente claro el auto de la juez Carmen Lamela, la actitud de los dirigentes de ANC, Jordi Sánchez, y Omnium, Jordi Cuixart, fue «esencial» para la organización de los graves incidentes que «pudieran ser constitutivos de un delito de sedición», que implica el de «impedir la aplicación de las leyes». Dado que la actuación de estos dirigentes «presenta características que hacen presumir la posibilidad de una infracción penal», y dado que insisten en la «movilización permanente» con idénticos objetivos, lo más pertinente es la aplicación de medidas cautelares contra ellos en su próxima comparecencia en la Audiencia Nacional este lunes.