No hay pactos gratuitos en política

Los últimos pactos ejecutivos alcanzados en las comunidades autónomas de Canarias, La Rioja y Baleares abundan en que la línea política natural seguida por el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, es la que pasa por la izquierda radical de Podemos y por los partidos nacionalistas, incluso, si estos últimos presentan nítidos tonos separatistas, como es el caso de Bildu o el de los ecosoberanistas baleares, a quienes se entregan las consejerías de Medio Ambiente, Asuntos Sociales, Innovación y Universidades, que no son, precisamente, menores, además de conceder un escaño en el Senado a Miquel Ensenyat, que se distinguió durante su paso por el Consell de Mallorca por insultar gravemente a los trabajadores extremeños. Y todo ello mientras desde el PSOE se agita el espantajo de VOX, partido que, dicho sea de paso, no presenta propuesta anticonstitucional alguna y tiene más de dos millones de votantes, a modo de comodín para justificaciones imposibles. Que en estas circunstancias el candidato socialista insista en reclamar la abstención gratuita del Partido Popular y de Ciudadanos para facilitar su permanencia en La Moncloa no tiene mucho sentido. Por otra parte, los pactos que está alcanzado el PSOE, como hemos visto, tienen un doble coste en clave de reparto de poder y en desgaste electoral, puesto que no parece que el votante medio socialista esté muy de acuerdo con quienes pretenden, en la estela de los nacionalismos catalán y vasco, destruir el modelo territorial español, por lo que no se entienden los reparos que plantea Pedro Sánchez a la hora de firmar un acuerdo de Gobierno con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Es de pura lógica política que desde el partido morado se reclamen contrapartidas en la conformación del próximo Gabinete, que, con independencia de cualquier pirueta semántica, estaría llamado a convertirse en un Gobierno de coalición, por cierto, el primero de nuestra democracia. Esa es, pues, la vía que se abre a Pedro Sánchez y la que se antoja más coherente con la conducta seguida hasta ahora por los dirigentes regionales del partido socialista. Naturalmente, el resto de los apoyos vendrían de los acuerdos con los nacionalistas, repitiendo en términos generales la alianza de conveniencia que se forjó para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Por supuesto, comprendemos la reticencia del actual presidente del Gobierno a quedar de nuevo en manos de unas formaciones con una agenda que incluye como objetivo, a largo plazo, la secesión de una parte del territorio nacional y, como estrategia, el desgaste del dique constitucional hasta buscar el desistimiento del adversario, pero que a muy corto plazo busca la impunidad de los dirigentes golpistas que, hoy, aguardan en prisión a que el Tribunal Supremo dicte sentencia. Sin embargo, y como venimos insistiendo editorialmente, el líder socialista tiene otras opciones que no pasan ni por la radicalidad de las propuestas económicas y sociales de la extrema izquierda ni por la presión nacionalista. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos podrían avenirse a facilitar la próxima legislatura, en aras de la necesaria estabilidad del país, pero no a cambio de nada. Y si merecería la pena que Pedro Sánchez explorara estas opciones, debería partir de un planteamiento realista, con ofrecimiento de acuerdos amplios y garantías de su cumplimiento. La mejor posibilidad, a nuestro juicio, es la que ofrecen los escaños de Albert Rivera que suman mayoría más que suficiente con los socialistas y cuyos condicionamientos en materia de política económica y de defensa de la unidad de España y su modelo constitucional no tendrían que suponer mayor impedimento para un partido que se decía socialdemócrata.