La supervivencia del sistema público, universal y solidario de Pensiones, tal y como está concebido en la actualidad, está comprometida de no abordarse desde la reflexión, la lealtad política y el acuerdo una reforma en profundidad que, al menos, amortigüe los efectos de la tormenta perfecta que se avecina. En efecto, la combinación letal de una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, como tiene España, con la alta esperanza de vida de sus ciudadanos, sólo superada por Japón, y con la inevitable generalización de la robotización en los procesos industriales aboca al sistema de pensiones a su inviabilidad, so pena, insistimos, de afrontar el problema sin más retrasos y, sobre todo, sin pretender cuadraturas del círculo, sólo atentas a la rentabilidad electoral de sus promotores. Así, no es difícil lanzar a las calles a varios miles de pensionistas, que se sienten indefensos y preocupados, contra el Gobierno de turno, pero no deja de ser política de baja altura que no atiende a la esencia del problema y que, además, oculta sectariamente que, con este Gobierno, la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 16,44 por ciento desde 2011 y que la tasa de sustitución de los ingresos se ha mantenido en el 82 por ciento, lo que la convierte en la más alta de la Unión Europea. Ciertamente, al desindexar el incremento anual de las pensiones del IPC, limitando la subida al mínimo del 0,25 por ciento, se abre el temido escenario de la caída del poder adquisitivo de los pensionistas –calculado hasta ahora en el 0,2 por ciento–, cuya onda de choque se dejará sentir en el conjunto social pues, en la actual situación de altos índices de desempleo y salarios medios más bajos, los ingresos de los jubilados han sido el salvavidas financiero de muchas familias en dificultades. No se trata, por lo tanto, de rechazar o negar la pertinencia de las manifestaciones de protesta que reunieron a una decena de miles de pensionistas en las principales ciudades españolas, sino de reclamar que no se agite miedo y se manipule la comprensible preocupación de quienes ya no dependen de sí mismos para procurarse sus ingresos como arma arrojadiza en la pugna política. La demagogia en estos asuntos de alta sensibilidad social no hace bien alguno y llama a confusiones de fondo que no conviene dejar pasar. Por ejemplo, que el derecho a cobrar una pensión está garantizado por la Constitución y no depende de la arbitrariedad de quién gobierne. Ahora bien, como señalábamos al principio, tampoco se puede ocultar que el sistema de la Seguridad Social ha entrado en déficit y que las previsiones son que habrá que seguir recurriendo al endeudamiento para hacer frente a unos pagos que no dejan de crecer. A corto y medio plazo, habrá que confiar en que la recuperación económica acentúe el crecimiento del mercado laboral y, sobre todo, permita una subida de los salarios y, por lo tanto, de las cotizaciones. Pero a largo plazo, con el horizonte del año 2060, habrá que aceptar que el cambio en la pirámide poblacional española dejará menos de un trabajador y medio por cada pensionista, rompiendo el principio de solidaridad intergeneracional. Es ante ese hecho, que parece inexorable, donde los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales deben estar a la altura de los acontecimientos. Porque, llegado el momento, de nada servirán los parches, ni en forma de planes de pensiones privados, que deberían ir acompañados de fuertes exenciones fiscales, ni en el recurso al déficit público o a la presión fiscal, que sólo provoca, a la larga, un mayor empobrecimiento. Por último, los españoles conforman una sociedad adulta y democrática que comprende perfectamente la gravedad del problema y no merece que se la trate desde el oportunismo y la demagogia, menos azuzando el miedo.