Por la democracia en Venezuela

El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 14 años de cárcel bajo la acusación de haber incitado a la violencia a los estudiantes que se manifestaron contra el régimen chavista y que provocó la muerte de 43 personas. La sentencia –que acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo de Venezuela– sellaba la persecución política a la que había sido sometida la oposición, como así fue denunciado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que pidió su puesta en libertad, así como por la Unión Europea y otras organizaciones humanitarias internacionales. Leopoldo López es un preso de conciencia y su situación es inadmisible en un Estado que, por lo menos formalmente, tiene un régimen parlamentario, aunque ha tomado la senda del autoritarismo que tanto daño ha hecho a América Latina. Mañana se cumplen tres años desde su confinamiento en la cárcel de Ramo Verde, en Caracas, una situación excepcional que comparte con otros pesos políticos –un centenar, según la organización Foro penal Venezolano– y que sitúa al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen abiertamente antidemocrático. Bajo la batuta del desaparecido Hugo Chávez se forjó un sistema político contrario a los principios que rigen las democracias basadas en la defensa de las libertades públicas y el Estado de Derecho. Este liberticidio era el sacrificio que había que pagar por construir el «socialismo del siglo XXI», el último reclamo al que se enganchó el izquierdismo en su versión populista y del que Podemos es su fiel aliado. Esta obra ha sido continuada por Maduro y ha llevado a Venezuela a una situación económica desastrosa: no hay artículos de primera necesidad, la inflación sobrepasó el 204% en 2016 y el país está al borde de una suspensión de pagos. Ayer, los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, junto a otras personalidades políticas, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que tome conciencia sobre lo que es un evidente atentado a la libertad. En el acto de ayer, bajo el lema «Europa por la libertad de Venezuela», se pidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) active la Carta Democrática contra Caracas, lo que supondría abrir el proceso de suspensión de Venezuela de este organismo como manera de desbloquear una situación política de desgobierno que atenta contra los derechos fundamentales y que ha llevado al país a la ruina económica. La Carta Democrática, que fue aprobada en 2001, ha sido también invocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aunque no llegó a votarse en la asamblea celebrada el pasada verano en Washington, a pesar de la evidente «alteración del orden constitucional» en Venezuela, como así figuraba en el documento oficial. El precedente del chavismo como un régimen que persigue a la oposición y no respeta las normas democráticas básicas es nefasto para América Latina, por lo que es necesario que la OEA actúe de oficio y sea capaz de crear un gran consenso contra los sistemas autoritarios que siguen encontrando la comprensión en el izquierdismo más irredento, aquellos precisamente que aconsejaron a los dirigentes bolivarianos a tomar las medidas que hoy sufre la sociedad venezolana. No hay ideología política basada en principios democráticos que pueda negar la libertad de conciencia del opositor Leopoldo López, de ahí que la ausencia de Pablo Iglesias en un acto que reunió al conjunto de fuerzas políticas siga siendo una anomalía, sin duda muy acorde con el mejor estilo chavista.