Puigdemont será el responsable de que se aplique el artículo 155

El requerimiento que Mariano Rajoy anunció el pasado miércoles para que Carles Puigdemont diese respuesta a si declaró o no la independencia de Cataluña, trámite previo para la puesta en marcha del 155, vence hoy. Si nos guiamos por lo que el presidente de la Generalitat dijo ayer –«reivindicar la paz y la democracia»–, habrá que interpretar que se mueve con la misma medida ambigüedad. En realidad, como avanza hoy LA RAZÓN, Puigdemont pretende salir del paso con una réplica que vendrá a decir que se trató de una declaración formal, pero que no se votó. Argumentará que el «pueblo» de Cataluña se mostró partidario de la secesión y abogará por negociar o una mediación internacional. Faltará entonces a la principal exigencia del Ejecutivo, que le demandó una contestación clara y sencilla como la única posibilidad de que las disposiciones constitucionales previstas para estas circunstancias no se activaran. Por tanto, Carles Puigdemont será el único responsable de que las medidas amparadas por el artículo 155 de la Carta Magna se pongan en marcha de forma inmediata. Todo indica que habrá varias fases y que, sin menoscabo de la autonomía, se asegurará la intervención de organismos claves. En este sentido, una de las primeras decisiones será que el Gobierno asuma el control de los Mossos para asegurar el orden público y una coordinación eficaz de todas las fuerzas de seguridad, carencia que quedó clara en la nefasta jornada del 1-O. Bajo la dirección del nuevo director de los Mossos, Pere Soler, un independentista radical, Puigdemont asignó entonces a la policía catalana un papel principal para que Policía Nacional y Guardia Civil asumieran todos los riesgos, aun sabiendo que no tenían posibilidad de que su despliegue cubriese todo el territorio catalán. Hoy, también el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, vuelve a declarar ante la Audiencia Nacional como imputado por sedición por una «flagrante inacción» en los disturbios del 20 de septiembre durante una operación de la Guardia Civil en misión de policía judicial. La gravedad de aquellos incidentes ante la permisibilidad de la policía catalana, y una vez sabido que tuvo que ser el juez quien conminara al jefe de los Mossos a que montase un dispositivo para proteger de la multitud la salida de la comitiva judicial, confirmaron las dudas sobre la lealtad de este cuerpo. Los hechos y no las presunciones concluyen que la policía catalana se ha mostrado como pieza fundamental del golpe perpetrado desde la Generalitat, como así lo ha señalado la Guardia Civil en un exhaustivo atestado, que ha denunciado que ha actuado a favor «del plan estratégico hacia la independencia». En realidad, con su proceder, los Mossos han atropellado los pilares normativos que soportan su propia existencia. La ley del 11 de julio de 1994, que regula su función tras su refundación en 1983, es clara: «La policía no está por encima de la Ley, y por lo tanto debe adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, con sujeción a los principios de jerarquía y subordinación dentro del Cuerpo. Es también un colaborador indispensable de la Administración de justicia, a la cual debe auxiliar, en el sentido más amplio, dentro de sus posibilidades». Y sentencia: «Los miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra jurarán o prometerán acatamiento a la Constitución, como norma fundamental del Estado, y al Estatuto de autonomía, como norma institucional básica de Cataluña». En realidad, sus actos han sido un monumento a la deslealtad consigo mismos, con Cataluña y con España en su conjunto. En este contexto, la única manera de desbloquear la situación y que las instituciones catalanas vuelvan a funcionar será convocando elecciones autonómicas y evitar además el vacío jurídico con el despliegue de todas las medidas que la Constitución permite.