Puigdemont sume a Cataluña en el caos

legado al final de la escapada, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ya no le queda otra opción que hacer frente a sus graves responsabilidades contraídas, primero, con la verdad política, soezmente manipulada, y con la estabilidad de España; segundo, y no menos importante, con todos aquellos ciudadanos de Cataluña, hoy sumidos en la frustración y, también, en la rabia, que se creyeron sus falsedades y sus delirios y a los que aún pretende engañar con el señuelo de una inexistente mediación internacional, tan improbable como el resto de las falacias escuchadas en su comparecencia parlamentaria. Pero las responsabilidades del jefe del Gobierno catalán no son sólo de orden moral, sino legales e institucionales, como reo, que es, de un ataque sin precedentes contra el sistema democrático español. Un golpe de Estado que pretende conculcar los principios más irrenunciables de nuestro orden constitucional, como son la soberanía popular y la unidad de la nación. Porque no hay que dejarse confundir por el espectáculo de malabares que ofreció el president en la Cámara catalana. Puigdemont, respaldado por todos los miembros de su Gabinete, se permitió la afrenta de plantear de nuevo un pulso intolerable al Gobierno de la nación, un chantaje en palabras de Albert Rivera, que no puede tener otra respuesta que la aplicación de las leyes. No sólo declaró la independencia de Cataluña, sino que dio por válida una llamada «ley del referéndum», invalidada por el Tribunal Constitucional, otorgó legitimidad al recuento de una consulta ilegal, sin garantías y fundamentalmente fraudulenta, y se arrogó, una vez más, la representación del conjunto del pueblo de Cataluña, acto para el que carece de legitimidad democrática. La inmediata «suspensión temporal» de la declaración independentista no anula las consecuencias del acto, por más que, en el plano puramente funcional, muchos ciudadanos interpreten lo ocurrido como el reconocimiento implícito del fracaso del proceso separatista. No. Aunque el proyecto de la secesión de Cataluña no podía pasar de un delirio, el hecho es que Carles Puigdemont trata de mantener la extorsión sobre el Gobierno de España que comenzó con Artur Mas y que ha llevado a los ciudadanos de Cataluña a la actual situación de división, de miedo y de empobrecimiento. Tal vez, la invocación del diálogo le sirva para seguir alimentando la ficción, sin duda, con el apoyo de quienes, a lo largo de todo este doloroso proceso, han tratado de sacar ventaja electoral del nacionalismo. Partidos de la extrema izquierda antisistema que han visto en el desafío nacionalista una oportunidad de profundizar en el desgaste del Gobierno y de unas instituciones del Estado a las que consideran periclitadas, como expresión de la genuina democracia representativa. Pero, hay que repetirlo hasta la saciedad, la voluntad de negociación, el deseo de acuerdo, nunca estuvo en las intenciones y en los comportamientos de los impulsores del separatismo catalán. Todo lo contrario, cualquier oferta leal ha sido rechazada de plano por los responsables de la Generalitat, por más que se disimulara detrás de un victimismo patológico y un cálculo miserable. Los mismos que, hoy, vuelven a tender el señuelo del diálogo son los que durante años no han tenido el menor empacho en utilizar torticeramente las instituciones de todos, porque la Generalitat es una Institución del Estado, para dinamitar la democracia española y atentar contra su ordenamiento constitucional. Sin duda, no será este Gobierno catalán quien pueda recuperar el crédito perdido frente a los ciudadanos. Porque cualquier acuerdo deberá ir precedido de la presunción de lealtad que hoy no tienen quienes dirigen el Principado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siempre ha estado abierto a la negociación, pero, como no puede ser de otra forma, dentro de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Quienes creen que Puigdemont ha ofrecido tiempo a Rajoy se equivocan gravemente. El presidente del Gobierno siempre ha tenido tiempo. El tiempo que le otorga la legitimidad democrática, la defensa de la soberanía nacional y el rigor en el cumplimiento de las leyes y de las decisiones de los tribunales. Quien nunca tuvo tiempo fue Carles Puigdemont, emplazado por la Justicia para responder de sus delitos. La Generalitat sigue en rebeldía, aferrada a una «legalidad» paralela y falaz, censurada por el Tribunal Constitucional y que debe ser repuesta por el Gobierno. Por ello, y sin que suponga eludir en modo alguno la acción de la Justicia, Carles Puigdemont debería dimitir de forma inmediata para que, una vez recompuesto el orden constitucional abruptamente quebrantado por el golpismo separatista, se puedan convocar a los ciudadanos de Cataluña a la elección de un nuevo Parlamento, ajeno a toda contaminación del convulso proceso en el que estamos inmersos. Como siempre hemos defendido, no hay más salida que el imperio de la Ley y el triunfo de la democracia frente a sus enemigos. Lo demás sería cerrar en falso una historia amarga.