Que la Constitución prevalezca en Cataluña

El Tribunal Constitucional ha anulado la moción independentista del Parlament de Cataluña del pasado 9 noviembre porque vulneró el derecho a la participación política en igualdad de condiciones de los diputados del Partido Popular, ya que se tramitó sin que este partido tuviera grupo parlamentario constituido. Por unanimidad, los magistrados han estimado esta demanda por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución (los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes»), ya que, el 27 de octubre, la Mesa del Parlament admitió a trámite la citada propuesta de resolución, contra la que ya habían expresado su rechazo Ciudadanos, PSC y PP. «La Mesa no puede resolver sin antes oír a la Junta de Portavoces y en este caso esa audiencia previa y preceptiva no se realizó», concluye ahora el TC. El fallo del Alto Tribunal revela la falta de respeto hacia la mayoría de la ciudadanía y la precipitación con la que los partidos nacionalistas pusieron en marcha la declaración de independencia con sólo 72 diputados, cuando para reformar el Estatut son necesarios dos tercios de la Cámara (90 escaños). Aquella decisión fue un disparate político que situó al «proceso» al borde del abismo. Semanas después, el TC, también por unanimidad, declaró inconstitucional el texto aprobado por Junts pel Sí y la CUP –que sirvió de «contrato» del apoyo de los antisistema–, por vulnerar cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto catalán. Existe una evidente voluntad de imponer el proceso independentista al conjunto de la sociedad catalana, con tics autoritarios preocupantes. Aunque en las alegaciones presentadas el Parlament había defendido que la resolución independentista no era más que «una aspiración o deseo» sin efectos jurídicos, los magistrados sí le otorgaron estos efectos y sostienen que la resolución pretendía ser «el acto fundacional» del proceso de creación de un Estado independiente. De esta manera, quedaba neutralizado el ya conocido ritual plañidero del nacionalismo de argumentar que sólo era un «símbolo». Pero no cabe duda de la intención, como quedó de nuevo explicitada en una moción del Parlament del pasado 7 de abril en la que retaba al Tribunal Constitucional con la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el TC. Por lo tanto, los restos de Convergència, ERC y la CUP –y los socios puntuales de Podemos y franquicias, siempre dispuestos a poner encima de la mesa el «derecho a decidir»– de conducir a la sociedad catalana hasta un escenario ingobernable en el que defender la ciudadanía española se considere, como está sucediendo ya, una provocación. Sería ingenuo responsabilizar a la CUP –una organización abiertamente antisistema, anticapitalista y que no esconde sus simpatías por el mundo abertzale más violento– de que los Presupuestos estén paralizados. Es evidente que la continuidad de Convergència en la Generalitat a través de Carles Puigdemont tenía un precio. La situación de bloqueo político que se vive –salvo exclusivamente con lo que tiene que ver con las irrespirables campañas de intoxicación nacionalista– es un hecho y, por contra, hay un deterioro en las relaciones sociales, donde la frontera entre los que están a favor o no de la independencia se basa en normas infranqueables. El independentismo ha conseguido algo clave para su estrategia: partir Cataluña en dos. Defender la Constitución es clave en estos momentos.