Que nadie juegue con las pensiones

Ha hecho bien Mariano Rajoy en comparecer en el Congreso en un debate monográfico sobre las pensiones. Ante el alarmismo propiciado por una polémica mal encauzada y con altas dosis de demagogia, no hay nada más útil que ofrecer datos concretos y objetivos que avalen la fiabilidad del sistema de la Seguridad Social. Puede entenderse que los pensionistas muestren su malestar por la caída del poder adquisitivo –situado en el 0,2 por ciento–, pero no que este hecho real y subsanable sirva para pregonar irresponsablemente que el sistema es insostenible y que el futuro será su colapso. No es así y será misión del presidente del Gobierno explicar la situación, cómo reforzar el Pacto de Toledo, buscar soluciones y tranquilizar a ciudadanos, contribuyentes y al conjunto de la sociedad. Si el debate que quiere plantear la oposición de izquierdas es la que ofreció ayer el PSOE a través de su secretario general, Pedro Sánchez, es la de crear un impuesto a la banca, es evidente que el problema no sólo no se resuelva, sino que se crean dos. Si, además, a este discurso se suma el de la portavoz de Podemos, Irene Montero, que asegura que las pensiones se podrían revalorizar a través de los 90.000 millones que «cuesta la corrupción al año», no estaríamos en el camino correcto. Pero el debate, claro está, no es este y exige una mayor altura y compromiso de todas las fuerzas políticas para afrontarlo, porque el problema real es la sostenibilidad, no el sistema mismo. Es decir, la cuestión es cómo hacer compatible una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con una alta esperanza de vida de sus ciudadanos –sólo superado por el Japón– en un momento en el que la economía española atravesaba una de sus mayores crisis con la pérdida de millones de contribuyentes. A lo largo de la recesión, las pensiones no fueron congeladas, ni sufrieron drásticos recortes –la Grecia rescatada por la UE las recortó un 40 por ciento–, un factor a tener en cuenta para entender que el sistema de la Seguridad Social pasó de un superávit de 14.000 millones de euros a un déficit de 18.000. Este es el hecho al que se debe hacer frente desde del Pacto de Toledo –herramienta que no todos los países de nuestro entorno disponen–, y al margen de la agenda electoral partidista. Se ha estado haciendo desde hace 25 años, cuando se creó esta mesa, y deberá hacerse ahora. No hay que perder la perspectiva de que nuestro sistema de pensiones es de los más avanzados. De hecho, la pensión contributiva, es decir, la de aquellos que han cotizado, es de las mejores de Europa, como así la valora la OCDE. Baste señalar que la mínima es 778 euros y la máxima, de 2.580, sólo superada por Luxemburgo, un estado de algo más de medio millón de habitantes. El mismo organismo habla de que la «tasa bruta de reemplazo» –es decir, la pérdida de poder adquisitivo en la jubilación respecto a la vida laboral– sólo es del 82%. La solución no se acaba en la propuesta del PSOE, además de nacionalistas vascos y catalanes, de un incremento del 1,6 por ciento en 2018 en función del IPC. Esta fórmula sólo la siguen cuatro estados de los 28 que forman la UE, Francia –que las congeló en 2014 y 2016–, Italia –que hizo lo mismo en 2016 y 2017–, Austria y Hungría. El problema es que el incremento automático siguiendo el IPC choca con algunos principios de sostenibilidad del sistema de pensiones que aunque no lo reflejan claramente supone, en la práctica, rebajar las mismas. Después de ocho meses de reuniones del Pacto de Toledo, lo fundamental en estos momentos es buscar el consenso sobre la base de que la recuperación económica acentúe el crecimiento del mercado laboral y, sobre todo, permita una subida de los salarios y, por lo tanto, en las cotizaciones.