Realidad frente a propaganda

La asfixiante propaganda nacionalista catalana ha conseguido extender entre muchos sectores de la sociedad española el temor a un enfrentamiento mayor que, en absoluto, responde a la realidad de los hechos. Sin querer rebajar un ápice la gravedad del desafío planteado por el actual Gobierno de la Generalitat, lo cierto es que las dificultades que encuentra el proyecto separatista para articularse más allá de las declaraciones voluntaristas, cuando no de las simples y puras amenazas de ruptura, se deben más a la propia actitud de los ciudadanos catalanes que a las supuestas maniobras obstruccionistas de esa entelequia llamada «Madrid». Si algo parece emerger en medio de la tormenta desinformadora gestada desde los movimientos independentistas es la existencia de una mayoría silenciosa –incluso, silenciada– que, si bien puede haberse dejado deslumbrar en un principio por la trampa política del «derecho a decidir», no está dispuesta a dejarse arrastrar al precipicio. Buena parte de la sociedad catalana, en efecto, comienza a dar muestras de inquietud y a enviar señales de advertencia a Artur Mas, exigiendo una salida sensata al conflicto planteado. Así, no es de extrañar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, cuya pulsión separatista está fuera de cualquier consideración, emita señales de alarma y advierta a Artur Mas de que está preparado para tomar el relevo si la Generalitat rectifica en su intención de convocar la consulta el próximo 9 de noviembre. Pero la inquietud de Oriol Junqueras responde tanto a las dudas que genera la determinación de Artur Mas que, por otra parte, ya ha declarado que no está dispuesto a incumplir la Ley, como a la percepción del cambio social que se está operando en Cataluña. Aun sin el estallido del escándalo de corrupción del ex presidente Jordi Pujol, cuyas derivadas para CiU apenas comienzan a intuirse, y que ha supuesto un golpe añadido, tal vez decisivo, para el proceso soberanista, la mera preparación técnica del referéndum demuestra que una cuestión es la política declarativa y otra muy diferente, la acción positiva. Como hoy publica LA RAZÓN, no es sólo que el entusiasmo por inscribirse como elector sea prácticamente inexistente entre los catalanes radicados en el extranjero – sólo han solicitado su inclusión en el proceso 599 personas de las 200.000 previstas– o que apenas dos centenares de los tres millones de contribuyentes residentes en Cataluña hayan querido facilitar sus datos fiscales a la futura Hacienda independiente, sino que la mayoría de los representantes institucionales se resisten a incumplir la Ley, como no podía ser de otra forma, y niegan a la Generalitat cualquier tipo de documentación censal. Poco a poco, la realidad de los hechos se va imponiendo sobre la propaganda.